Desde que el presidente Guillermo Lasso asumió el poder en mayo del 2021 ha estado en constante debate la oposición y la calidad de la oposición que tiene el ejecutivo en la función legislativa. Situación que se deriva en desgobierno y que además conlleva inseguridad jurídica, índices elevados del riesgo país, poca posibilidad de inversión de capitales extranjeros y descontento ciudadano generalizado en el país.
Sin embargo, varios datos que debemos analizar en torno las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional electa para el período 2017-2021. En este órgano legislativo se hicieron varias reformas al código de la democracia, tal vez las más debatidas fueron precisamente dos; el cambio del método de asignación de escaños de D’hond a Webster y la forma de votación de lista abierta y voto preferente a lista cerrada y bloqueada.
La votación que hizo viables estos dos cambios fue precisamente la de asambleístas que pertenecían a los movimientos políticos pequeños; se lo hizo bajo el discurso de apoyar a las minorías y mejorar la representación parlamentaria. Con 76 votos se hicieron estas reformas y con el voto en contra de los asambleístas de las organizaciones más grandes y con mayor posibilidad del voto en las provincias y circunscripciones más grandes del país.
La nueva pregunta es ¿Es saludable para la democracia tener una asamblea nacional con mayoría absoluta e incluso mayoría calificada a favor del ejecutivo de turno o es mejor una asamblea con mayor representación y por ende mayor fragmentación? ¿Cual es el método de asignación de escaños que favorece a la representatividad y gobernabilidad? (O)
