La demagogia es connatural al populismo, que con la anarquía y la dictadura desvirtúan la política. La corrupción de las instituciones, de las leyes y de las funciones del estado son su resultado. En estos días en la asamblea una mayoría que es la expresión de argollas sin ideología, pretende acceder al poder total para realizar sus propósitos ilegítimos.
El juicio político propuesto contra el presidente de la República es un proceso viciado: los mismos proponentes son juez y parte, factor que vulnera la lógica procesal, y que, en la circunstancia peculiar de nuestro sistema, deviene en mecanismo útil para compensar frustraciones y captar el gobierno con el presidente de la legislatura que ambiciona la presidencia del Ecuador.
Recordemos que el principio de legalidad penal establece que una persona no puede ser ni juzgada ni sancionada por una acción u omisión que no esté previamente establecida en la ley penal. “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”.
También, en la función judicial, existen jueces que han sido impugnados porque sentencian o resuelven los trámites judiciales, sin la debida ponderación de la peligrosidad social y a los daños causados por la comisión delictual.
Organismos superfluos como el CPCCS o de desmesuradas atribuciones como el Consejo de la judicatura que de organismo técnico de apoyo administrativo de la Función Judicial pasó a ser órgano de gobierno de la misma, la desmesura conceptual de atribuir mayores derechos a los delincuentes que a los ciudadanos honestos son la demostración nefasta de la descomposición total del Estado.
Debemos cambiar en profundidad al sistema constitucional para rescatar a la república de las garras de la corrupción y demagogia siniestra de las mafias. (O)
