La mayoría de los ecuatorianos honestos, trabajadores, independientemente de sus credos políticos, miran con asombro cómo se burla a la Justicia.
Si bien no todos, pero algunos casos de corrupción llegaron hasta su última instancia judicial: autores, cómplices y encubridores fueron sentenciados no solo a la cárcel sino a devolver los dineros malhabidos.
Unos pocos fueron a la cárcel. Han salido sin cumplir la condena total gracias a lo permisivo de nuestras leyes, pero no han resarcido al Estado un solo dólar sustraído.
Unos optaron por fugar del país antes o después de ser sentenciados. Otros lograron asilos políticos otorgados por “gobiernos camaradas”. Otros se refugiaron en Embajadas de estos países en el Ecuador. Es el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada a ocho años de cárcel por el caso Sobornos. Su entramado y tiempos políticos todo el país los conoce.
Ella, refugiada en la Embajada de Argentina en el Ecuador desde agosto de 2020 por “razones humanitarias”, supuestamente sin ser vista por nadie abandonó el pequeño “territorio argentino”, pasó por Colombia, llegó a Venezuela, desde donde se apresta a ir a Buenos Aires, cuyo gobierno le concedió en 2022 asilo diplomático. Ecuador le negó el salvoconducto; pues su condición no es la de perseguida política sino condenada por delitos comunes.
Las relaciones diplomáticas entre los dos países están debilitadas. Ecuador declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fuks, en tanto llamó a consultas al suyo en el país sureño, Xavier Monge, y también podría ser expulsado.
Ojalá esto no llegue al rompimiento de las relaciones diplomáticas. Será perjudicial para ambos países.
Un gobierno no puede hacer prevalecer su sintonía política, peor su camaradería, para entorpecer la aplicación de la Justicia en otro, y convertir a su territorio en hospedaje de corruptos sentenciados.
No deja de ser una afrenta para el Ecuador; peor para la Justicia.
