En un contexto económico poco favorable como consecuencia de la baja del precio del barril del petróleo y de la diezmada producción petrolera desde hace tres años -ahora más por el terremoto-, el gobierno declaró a Azuay en emergencia vial.
Tal declaratoria se suma a la firmada días antes del mortal sismo para Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, afectadas por el fuerte invierno.
Esos dos fenómenos naturales ponen a prueba la capacidad de respuesta no solo del gobierno central, también de los organismos seccionales y de otras instituciones. Deben atender a las poblaciones afectadas por la destrucción de puentes, colapsos viales, viviendas particulares, bienes públicos; igual en lo social y humano.
La emergencia permitirá disponer de los recursos económicos para intervenir en las vías Cuenca-Molleturo-Puerto Inca, y Cuenca-Girón-Pasaje, cuyos “daños históricos” se agravaron con el invierno, peor con el terremoto.
Están listos los informes técnicos, si bien aún no se determinan los montos a destinarse, en tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tendrá sesenta días para cumplir los procesos de contratación, 170 menos si lo fuera por el procedimiento regular previsto en la ley.
Ojalá el dinero a asignarse y el tiempo de ejecución de las obras, en especial su cumplimiento, satisfagan en algo las aspiraciones viales de la provincia. Sería lamentable si, por ejemplo, con las intervenciones a realizarse se pospone o se olvida contratar los estudios definitivos para la construcción de una nueva vía hacia Guayaquil.
Según el gobierno, los daños causados por el terremoto y el invierno suman USD 200 millones. 60 millones los ha obtenido del BID. Podría recibir por adelantado créditos por USD 140 millones. Incluso el especial, previsto por el FMI cuando un país sufre catástrofes naturales. Por ahora, cada ministerio invierte sus recursos disponibles.
Ante graves problemas, grandes decisiones. No hay otra salida.
