Con 5 votos y 2 en contra el CAL aprobó enviar a la Corte Constitucional para su dictamen de admisibilidad la pretensión de juicio político apoyado por la mayoría de la Asamblea en un proceso sui géneris en contra del presidente de la República.
Primero fue el intento de destitución, luego de revocatoria del mandato y ahora mediante el juicio político que ha cambiado de causales según los criterios subjetivos de los ponentes. Tanta improvisación, premedita confusión o desconocimiento normativo de orden penal y de la misma Constitución, fue calificada por un ex presidente de la Corte Constitucional de analfabetismo constitucional.
En su transcurso, se acusó de traición a la patria, luego de incapacidad física y mental, absurdas y temerarias formulaciones. Sin convicción jurídica recurrieron a las causales de cohecho y peculado y en estos días cambian a concusión y peculado, que para el caso no son susceptibles de la figura penal de delito por omisión.
En todo trámite sea jurídico o político se debe cumplir las reglas del debido proceso que exige las pruebas del nexo causal. En un cuadro de por sí conflictivo la CONAIE anuncia nuevos levantamientos y que ejercerá presión contra la Corte Constitucional para que dictamine con la admisibilidad del juicio.
Lo descrito denota la indudable violación de los principios de la seguridad jurídica y de estabilidad institucional, peculiares al Estado Derecho. En el fondo de tan grave y costosa afectación nacional está la finalidad de lograr la impunidad de los prófugos de la justicia. Así se está escribiendo el argumento de un culebrón propio de una mayoría de asambleístas en pleno proceso para lograr sus aviesos propósitos. (O)
