El presidente ruso, Vladímir Putin, afronta un serio dilema tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que le impide viajar, teóricamente, a más de la mitad de los países del mundo.
«Incluso el espacio postsoviético ha dejado de ser un lugar seguro» para Putin, comentó una fuente del Kremlin al diario digital Meduza.
Putin tendrá que hilar muy fino a partir de ahora, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI, y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.
Desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, el líder ruso ha sido muy cuidadoso con sus viajes al exterior. De hecho, Irán es el único país al que ha viajado fuera de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Viajar o no viajar
La administración presidencial reconoció a Meduza que la decisión fue un «paso inesperado» para el que el Kremlin no estaba preparado. Por eso, la reacción ha sido tan furibunda.
Putin ya había reducido al mínimo sus viajes debido al coronavirus y su única visita a Occidente desde entonces fue su reunión en Ginebra con el presidente de EEUU, Joe Biden, en junio de 2021.
Ahora, con la orden emitida por La Haya el 17 de marzo, Occidente queda completamente descartado, al igual que Europa del Este, aunque Hungría rompió filas y asegura que no arrestará a su aliado.
Aunque Estados Unidos nunca firmó el tratado, la Casa Blanca no sólo ha acusado al jefe del Kremlin de ser «un criminal de guerra», sino que quiere que Putin rinda cuentas.
En África son mayoría los países que reconocen la jurisdicción del CPI; mientras en Asia, China, Turquía e India nunca llegaron a firmar el tratado, al igual que ocurre en América Latina con Cuba y Nicaragua.
Los principales países latinoamericanos sí firmaron el Estatuto de Roma, aunque algunos, como Venezuela, no parecen decididos a ponerlo en práctica.
Que el nerviosismo ha cundido en el Kremlin es un hecho, ya que ahora queda en el aire el previsto viaje de Putin a Sudáfrica para la cumbre en julio del foro BRICS, ya que el anfitrión se encuentra entre los signatarios del tratado del CPI.
La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, expresó su confianza en que la «amistosa» Sudáfrica garantice el trabajo de «todos los socios», aunque este respondió que es «consciente» de su obligación legal de arrestar a Putin y que seguirá en contacto «con varios actores implicados con respecto a la cumbre».
¿Vecinos de fiar?
De los vecinos, siete antiguas repúblicas soviéticas lo suscribieron, aunque sólo tres -Moldavia, Georgia y Tayikistán- ratificaron el tratado. Nunca lo firmaron Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Bielorrusia.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, abogó por su ratificación, aduciendo que Kiev no corre peligro alguno de ser acusado de crímenes de guerra.
Sorprendente ha sido la reacción de Armenia, teórico aliado del Kremlin que una semana después de la orden de arresto anunció que su Tribunal Constitucional dio luz verde a la ratificación.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó el viernes que Moscú hablará con su socio, donde crece el descontento por la falta de apoyo ruso durante el conflicto con Azerbaiyán.
Un diputado armenio, Armán Abovián, aseguró, no obstante, que «nadie en su sano juicio» ordenará el arresto de Putin.
Reelección en 2024
De cara a su reelección en 2024, el Kremlin tenía previsto promover la imagen de Putin como un defensor de los países en desarrollo frente a la explotación occidental.
Pero para convencer a los rusos de que Putin «tiene más amigos que detractores» se necesitan viajes al exterior, cuando el Kremlin admite ahora que no sabe cómo garantizar la seguridad del jefe de Estado.
De hecho, aunque dudan mucho que algún país postsoviético se atreva a arrestar al jefe del Kremlin, éste no correrá ni el mínimo riesgo, ya que cualquier paso en falso puede salir muy caro.
En opinión de Alexandr Baúnov, experto del Fondo Carnegie, la orden de arresto es una invitación al entorno de Putin para que lo traicione a la menor oportunidad.
Recuerda que, al contrario que las sanciones, el CPI ha comenzado «desde arriba» y que el serbio Slobodan Milosevic fue entregado a La Haya por sus antiguos camaradas (2001).
Declaración de guerra
La indignación rusa ha ido en aumento. Tras reunirse la víspera con Putin, el presidente de la Duma o cámara de diputados, Viacheslav Volodin, pidió el sábado prohibir las actividades del CPI en Rusia, país que firmó el tratado, aunque nunca lo ratificó.
El expresidente, Dmitri Medvédev, advirtió que la eventual detención de Putin equivaldría a «una declaración de guerra» e incluso amenazó con lanzar un misil contra La Haya.
Mientras, el Comité de Instrucción de Rusia incoó un caso penal contra el fiscal y los jueces del tribunal, a lo que éste respondió acordando con Kiev la apertura de una oficina en territorio ucraniano. EFE
