El juicio político al presidente está lleno de errores. Lo primero. Han tramitado todo el proceso al interior de la Asamblea como si fuera un juicio a otras autoridades y no al presidente de la república. La Constitución y la Ley de la Función Legislativa, regulan dos tipos de procesos y tiempos, diferentes, para unos y para otros.
Segundo. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL, ha abierto una indebida etapa de consulta a la Unidad Técnica Legislativa para que se pronuncie sobre cumplimiento de los requisitos. Aquello no cabe, únicamente se podía solicitar en el juicio a otros funcionarios. Es Derecho Público y se debe realizar lo expresamente permitido, todo lo demás está prohibido.
Tercero. Se ha pedido a quienes solicitan el juicio político que lo completen ante la serie de errores que públicamente los académicos serios del país hemos expresado. Les dieron tres días plazo para hacerlo (discurriendo desde el 22 de marzo). La Ley de la materia señala que claro se puede completar, pero desde que avoca conocimiento el CAL (17 marzo). Es decir, al 22 de marzo ya feneció la potestad para pedir completar.
Cuarto. En el contenido de la solicitud hay errores. De todo tipo. Por ejemplo, citan al Profesor Hernán Salgado cuando escribió sobre el juicio político con la Constitución de 1998. Redactan artículos del delito de concusión y peculado (por el que acusan al presidente) que ya fueron reformados en el Código Penal. Describen la responsabilidad del Ejecutivo en los actos denunciados sin un mínimo de rigor que sustente que su conducta tiene vinculación con los hechos que se imputan. Todo es el supuesto del supuesto. Es decir, que quizá debió suponer, y si no supuso, intentar tratar de saber, y si no sabe, hacer el esfuerzo por conocer que determinado funcionario era corrupto. Presumir la presunción. Ese es el juicio político presentado.
Quinto. Ninguna de las aclaraciones (ya van dos) han presentado acompañando las firmas de los 59 solicitantes que presentaron el juicio inicial. Es decir, no vale. No cabe.
Entonces, en el modelo constitucional del Ecuador lo que corresponde es respetar a la Constitución, a las disposiciones infra-constitucionales y al Derecho. No puede existir una lógica del todo o nada. De se va porque se va. Sino una responsabilidad institucional seria. Estoy seguro que la Corte Constitucional, de prestigio y solvencia jurídica, así como académica, cumplirá con su tarea protagónica en el respeto a la Constitución e institucionalidad del Ecuador. (O)
