Lo político y lo jurídico se desarrollan en espacios interdependientes, estrechamente relacionados. La Constitución es una herramienta que permite resguardar los derechos y el debido proceso de los actores políticos bajo el principio de los pesos y contrapesos entre ejecutivo y legislativo. La política tiene actores encargados de representar las demandas ciudadanas e incluso sus propias demandas, en el claro desempeño de su rol de fiscalizador.
Sin embargo, sí en el espacio político se quiere utilizar la norma predisponiendo el resultado, no va a suceder. Si, por el contrario, en lo jurídico se establecen caminos que no cuentan con el apoyo político, traducido en votos de los legisladores, tampoco sucederá. Ningún ejercicio del poder puede estar por fuera de la ley.
A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo lo jurídico ha sido superado por la fuerza política de los votos, puntualmente en la década de 1995 al 2005 respecto a los cambios de presidentes. Entonces, para ejercer el control político, tanto lo político y como lo jurídico, deben cuidar las formas y el fondo.
El actual juicio político como facultad fiscalizadora propuesto por la Asamblea Nacional en contra del Presidente Lasso, sin duda, estará en el debate por largo tiempo, como una de las instituciones previstas en la Constitución, en un Estado de Derecho, en el que la responsabilidad y el control de los gobernantes tiene una clara intención política que no puede obviar los caminos jurídicos.
