La Corte Constitucional de un Estado habla a través de sus sentencias. Preservar esta premisa es importante para la buena salud de la cultura política de una sociedad. Este mandato implica no solo respetar la independencia y la distancia con la que actúen sus jueces sino también respetar sus dictámenes, independientemente de si se está o no de acuerdo con ellos.
En Ecuador, la Corte Constitucional es quizá el último bastión de independencia y fortaleza institucional en la frágil democracia del país. Desafortunadamente, la clase política ecuatoriana ha contaminado y debilitado esta institucionalidad mediante acusaciones infundadas, lo que ha tenido graves consecuencias para la misma. Por ejemplo, argumentar que hubo fraude electoral sin tener una investigación previa fue una irresponsabilidad de altas dignidades en el Consejo Nacional Electoral, lo cual resultó ser una falsa alarma después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía.
Asimismo, sucede lo mismo cuando desde Carondelet se acusan a asambleístas de pedir coimas para luego no entregar información más detallada en Fiscalía, con el pretexto de que se había informado mal al presidente. Las expresiones sin fundamento y lanzadas de manera irresponsable lastiman la reputación de las instituciones y socavan la democracia.
La estabilidad de las instituciones democráticas y la amplia libertad del sistema de comunicación son, sin duda, el motivo del desarrollo interno, fortaleza y potencial de democracias más robustas. Por el contrario, en países como Ecuador, la falta de eficiencia y legitimidad de sus organismos más representativos termina por debilitar la democracia.
Es por eso que la decisión de la Corte Constitucional de admitir el juicio político contra un Presidente marca un precedente histórico en Ecuador. Esta decisión no solo permite el inicio del juicio político, sino que, al argumentarla, la Corte demuestra su capacidad para evaluar y analizar de manera objetiva, independiente del gobierno de turno, sin entorpecer otras funciones del Estado. De esta manera, la Corte se consolida como guardiana de la Constitución y, por ende, del último guardián de institucionalidad que le queda a este debilitado país.
