Iza no fue con la fuerza de la solidaridad a visitar a los damnificados del grave problema de Alausí. Su ayuda de recursos que las ONG’s le entregan, fue ínfima. No hizo mingas de apoyo, ni llamados para consolar a sus hermanos.
A donde si llegó acompañado de Jaime Vargas y demás coidearios del ala intratable de la CONAIE es a la sede de la Corte Constitucional (CC), para amenazar a los jueces si es que no daban paso al juicio político contra Lasso. Se le vio dispuesto a todo, en especial a hacer lo que más le gusta: “movilizarse” y generar el estallido de su proclama para llevar al Ecuador al comunismo indoamericano.
Una temerosa CC no atinó en su dictamen de admisibilidad. En dos tandas, luego de la fallida ponencia de Teresa Nuques, seis de nueve jueces dieron el visto bueno para el juicio político basándose en los débiles argumentos de Richard Ortíz, uno de los tres últimos jueces flojos en conocimientos constitucionales posesionados en febrero pasado, y el de Alí Lozada.
La CC avaló las arbitrariedades del CAL y el nefasto argumento del secretario de la Asamblea Nacional (AN) Alvaro Salazar quien expresó: “Según los registros y documentos a cargo de esta Secretaría General, no se desprende de los mismos, texto formalmente suscrito que corresponda a lo que el Auto denomina ‘la resolución del 20 de marzo de 2023’, constando únicamente, como resultado directo de los hechos relatados, el texto suscrito de la Resolución de 21 de marzo”. Un galimatías de tamaño mundial. En la sesión del 20 de marzo se produjeron toda una serie de infracciones, y fue el documento al cual no accedió Nuques para el desarrollo de su ponencia.
La concusión ya no va; la acusación de peculado es muy débil, fue una salida por la rendija para quedar bien con los intereses oscuros de grupos como el de Iza y el de los odiadores políticos que nunca estuvieron conformes con los resultados electorales de abril de 2021.
Para el presidente Lasso defenderse en Derecho en el juicio político que de seguro prosperará, a pesar de no tener pruebas en su contra, será tortuoso.
Mireya Pazmiño la más virulenta de las asambleístas oponentes, quien hizo informes como presidenta de la Comisión de Régimen Económico -uno enviado a título personal a Lasso- a favor de continuar los contratos de FLOPEC con Amazonas Tankers de los años 2018 y 2020, antes de las elecciones de 2021, sabe que tiene caída su estantería.
Veamos qué argumentan; demostrar el peculado en materia penal es complicado y se requieren pruebas plenas de apropiación de fondos públicos para uso personal. Pero en materia política puede “tostarse granizo”. Vísperas de la Semana Santa la Corte Constitucional se lavó las manos. (O)
