La Defensoría del Pueblo de Perú detectó 22 casos de presunta vulneración de derechos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país y que dejaron 48 civiles fallecidos y más de 1.200 heridos, señaló un informe difundido por el organismo.
La Defensoría precisó que el informe, realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), «ha identificado 22 casos registrados por las diferentes oficinas defensoriales en el país durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022«.
Añadió que, por ese motivo, «ha instado a las autoridades a mantener un monitoreo constante para garantizar una adecuada intervención que salvaguarde la integridad de la ciudadanía y el cumplimiento de los protocolos».
La Defensoría señaló que certificados médicos de carpetas fiscales que investigan las muertes en las protestas «revelaron que muchas de las lesiones son compatibles con aquellas producidas por impactos de armas de fuego o bombas lacrimógenas».
Además, se constató un «uso irregular de la figura de ‘control de identidad’ como una forma de desincentivar la protesta, así como intervenciones violentas, que incluyeron a personas menores de edad que acompañaban a sus padres», lo que, agregó, «encubriría una forma ilegal y arbitraria de privación de libertad».
También se identificó que la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó detenciones de manifestantes «al azar o bajo la aparente sospecha de delitos, a quienes se les realizaba el «control de identidad» y si no se les encontraba nada, luego eran liberados».
La Defensoría remarcó que estas intervenciones «no se encuentran bajo ninguna de las formas establecidas» en el Código Procesal Penal (CPP) y que durante la privación de libertad «se conocieron hechos de tratos crueles inhumanos o degradantes, como golpes, abuso físico y verbal, durante los primeros momentos de la detención y permanencia en dependencias policiales».
Asimismo, «se constató el incumplimiento, en algunos casos, de salvaguardas, como el ingreso de abogados, intérpretes, comunicación con familiares, atención médica», entre otros.
Ante esta situación, la Defensoría recomendó a la Fiscal de la Nación (general) que disponga el inicio de la investigación de los hechos irregulares identificados y que «se aplique el Protocolo de Estambul en casos donde se presumen hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes», que deben ser conducidos por los órganos especializados en derechos humanos.
Se instó también al comandante general de la PNP «a recordar» a los agentes que deben «tomar en consideración los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, el respeto por los derechos humanos, el enfoque interseccional, entre otros, además de los límites para la privación de la libertad».
La Defensoría del Pueblo remarcó «que el monitoreo del uso de la fuerza y el cumplimiento de las salvaguardas en los contextos de protestas cobran especial relevancia, porque son escenarios de mayor vulnerabilidad para situaciones que afectan derechos humanos».
Por ello, sostuvo, «se mantendrá atenta para que se garanticen la integridad de las personas y se investigue adecuadamente las vulneraciones a los derechos antes mencionadas».
Este lunes, el Ministerio Público informó que ha formado un equipo especial de fiscales que se encargará «a dedicación exclusiva» de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas. EFE
