El asambleísta Luis Almeida (PSC) es el prototipo del descarado y combina la desfachatez, la arrogancia del ignorante, y la burla hacia a la inteligencia. Lo demostró hace pocos días en una entrevista con Milton Pérez en TA, cuando dijo que el fallo de la Corte Constitucional (CC) en el juicio político contra el Presidente para ser juzgado por presunto peculado en el caso Flopec, le vale tres atados.
Almeida puso la agenda y con eso su contribución al desorden. Según él en un juicio político se puede hablar de todo, y la admisibilidad de la CC es solamente abrir la puerta para acusar a Lasso, e inclusive castigarlo “porque es indolente, porque su egoísmo no le permitió ser padre de la Patria” y además se benefició de los bonos Brady en la década de los noventa. Así de audaz.
La teoría jurídica-política de la “guacharnaquería” arrastra a los nerviosos socialcristianos, cuyos duendes les hablan al oído diciéndoles que ya mismo se “viran” tres de sus votos seguros, y al furibundo asambleísta Cuero al amenazar a la Comisión de Fiscalización con dejarle sin aire si pretende singularizar la pruebas en contra del primer mandatario.
El plan de los interpelantes es acusar en bulto por cada día de gestión, bendiciendo la realidad del levantamiento de junio pasado, los motines de las cárceles, y la razón del entorpecimiento de la innombrable gestión de la AN. O mejor dicho forzar un elemento más a la larga lista de intentos para desestabilizar al país. Anhelan un juicio rápido porque en mayo cambiarán a los presidentes de las comisiones, y hasta al titular de la AN, y quién sabe lo que ocurriría. Si no se reelige Saquicela, con los plazos de por medio, sería otro presidente quien convoque al juicio político.
Ir por el tema de Flopec es una ridiculez; fue la salida más ramplona de la CC para darle gusto a la clase política “guacharnaca” ávida de sangre, a quienes no les importa revisar los estados financieros de la empresa, las variaciones – año 2021, 13 millones y año 2022, 181 millones de utilidades- ni el informe de la Contraloría, ni los propios comentarios de la interpelante abogada Pazmiño cuyos razonamientos, por su variabilidad, se han convertido en “clásicos” del absurdo legislativo.
Salvo los adláteres apoyadores del juicio político más descabellado de la historia, la sociedad informada, respetados constitucionalistas, la prensa objetiva nacional e internacional, saben de la inexistencia de causales. Pero el fondo del asunto es otro, es el imperio de los votos el que decidirá la suerte del país, y para eso se necesita una fanesca de acusaciones para tocar todo lo imposible en contra del enjuiciado, menos lo ordenado por la Corte Constitucional. (O)
