La tenencia y porte de armas por parte de la población civil, ocho días después de ser anunciadas son un bumerán para el gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Lo hizo, según dijo, en pro de combatir la inseguridad en el Ecuador, sumido en una ola delictiva sin precedentes. Sus repercusiones trascienden las fronteras patrias. Casa adentro, la población sobrevive con miedo y pánico.
En estos días, el debate, los análisis, han sido variopintos, habiendo, incluso, desplazado a otros asuntos de interés nacional.
Sopesándolas, son más las posiciones contrarias, venidas desde diferentes sectores de la sociedad, entre ellas de la academia, de jurisconsultos de prestancia, de sociólogos, de psicólogos, aun de ciertos expertos en seguridad.
Literalmente hablando, armar a la población no garantiza vencer a la delincuencia. Creerá, más bien, haber arrinconado al Estado, a su sistema jurídico. Si a sus víctimas llegare a considerarlas potencialmente armadas, usará las suyas no sólo para intimidarlas.
Si bien, la tenencia y porte de armas serán reguladas, la mayoría de los ecuatorianos no las sabe manejar. Además, si alguien lo hace en defensa propia no le libra de ser procesado, puede ser objeto de retaliación, mucho más si ahora abundan los sicarios.
“Cada ciudadano decidirá cómo usa su arma autorizada”, dijo el Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. ¿Estamos en tiempos del “sálvese quien pueda y como pueda”? ¿El Estado traslada su deber de garantizar la seguridad a su población civil con darle la posibilidad de portar un arma? ¿Tiene el gobierno un plan estratégico?
No puede un gobierno dar muestras de debilidad, hasta cierto punto de rendición ante los delincuentes. Conclusiones como estas se escuchan; también llamados de atención a los otros poderes del Estado para hacer causa común.
El dedo índice sirve para señalar a alguien. En este caso, el apuntado es Guillermo Lasso. Está llamado a rectificar, una de las virtudes de un buen estadista. Analícelo, medítelo, presidente.
