El juicio político al Presidente Guillermo Lasso por parte de la Asamblea Nacional, luego de que la Corte Constitucional diera su dictamen de admisibilidad, tiene algunos tropiezos en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea; una situación que era previsible dado el apoyo que reiteradamente el Presidente de dicha Comisión, Fernando Villavicencio, ha dado al Presidente Lasso.
Ya desde cuando la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio, su Presidente advirtió con limitar el contenido de las intervenciones que, sobre la materia del juicio, hicieran los asambleístas miembros de la Comisión; luego exigió que los asambleístas solicitantes del juicio debían “singularizar” el objeto del juicio, una exigencia injustificada puesto que este es un asunto que ya le correspondió procesar a la Corte Constitucional. A esto se sumarían las dilatorias para convocar a las reuniones de la Comisión, para recibir las pruebas de cargo y de descargo; amén de que Villavicencio públicamente ya ha adelantado su criterio en el sentido de descalificar el juicio y proclamar la inocencia del Presidente de la República. Aún más, habría la intención de llevar un juicio que es político al ámbito de un juicio penal, cuestión esta última que corresponde a Fiscalía y no a la Asamblea
Con estas acciones todo parecería indicar que habría el interés del Gobierno, y de ciertos asambleístas y grupos que lo apoyan, de que la figura constitucional del juicio político, sufra un desgaste o una suerte de boicot; lo cual denotaría una actitud de irrespeto a las normas y procedimientos de la institucionalidad democrática que se supone, por lo menos formalmente, existiría en el país.
Debería ser la fuerza de los argumentos, y no las maniobras maquiavélicas, la que conduzca a determinar inocencia o la culpabilidad política del Presidente Lasso en el caso de corrupción (por peculado) en el caso FLOPEC. Además, la figura del juicio político a un Jefe de Estado o de Gobierno es algo muy común en los países con un verdadero régimen democrático, es decir, con un Estado de derecho.
Todo esto ocurre cuando, en las últimas horas, congresistas de los Estados Unidos han solicitado al Presidente Biden se investigue al Gobierno ecuatoriano por temas de corrupción. (O)
