El juicio político contra Lasso avanza entre tropiezos y torpezas de parte de los acusadores. Se han propuesto no rebasar los limites ordenados por la Corte Constitucional (CC), limitándose a tratar el probable peculado en la administración del contrato de Flopec con Amazonas Tankers, porque, aunque el margen de control concurrente o posterior de la CC sea insuficiente, algo de temor les queda, pues podrían ser acusados de desacato a orden legitima de autoridad competente e irse derechito a la casa tal como ya ocurrió con los miembros del CPCCS.
La singularización de las pruebas es tan débil, que, si en buen romance existiera en la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) un criterio de mínimo respeto al sentido común, éstas se caerían de bruces. Al inicio el pedido de juicio político estaba cocinado para sustentarlo por la acusación de concusión, pero el dictamen de la CC trastocó la estrategia opositora.
Durante estos días se han dado varios movimientos en el gobierno. Por ejemplo, se fue el excanciller Juan Carlos Holguín a quien se acusaba por el supuesto palanqueo del cargo de Víctor Araús a través de Danilo Carrera; este tema ya quedaría excluido en el juicio si solamente se limitan al tema del supuesto peculado, pero de seguro se tocará el tema en “varios” al cual apuntan los cañones de la oposición.
Para los juzgadores las pruebas madres serían los dos oficios enviados por el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, al presidente Lasso. En uno hablaba de su decisión de deshacer el contrato con Amazonas Tankers, “pero en otro daba a conocer que desistía de esa idea porque se dio cuenta que era perjudicial para el país”. Allí están escudriñando la supuesta participación del presidente.
La otra prueba documental, sería el informe de la Contraloría en el cual se tratan varios tópicos, tal como son las estructuras de los exámenes especiales del ente de control, cuando se dictan recomendaciones de orden administrativo. Advertencias sobre el manejo del control interno, y algunas de orden técnico, las cuales fueron cumplidas en su totalidad permitiéndole a Flopec llegar a la cifra récord de 182 millones de dólares de utilidad en 2022.
Varios asambleístas han destacado lo débil del juicio; pero también la falta de autoridad moral de quienes lo promueven. Hace pocos días por ejemplo la Contraloría actualizó una lista en la cual se encuentra el asambleísta Roberto Cuero con varias glosas, a quien también le acusan de no haber presentado un solo proyecto de ley en este periodo de la AN. La lista también contiene el nombre de Salvador Quishpe, y otritos más que se rompen las vestiduras por su “honradez”. El poder de los votos va más allá de cualquier análisis. (O)
