Organizaciones defensoras de los derechos humanos y familias de las víctimas de las masacres ocurridas en cárceles de Ecuador presentaron este viernes una demanda contra el Estado ecuatoriano para que no se repitan más estos episodios y recibir justicia, verdad y reparación para las víctimas.
La acción de protección fue presentada en Guayaquil por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad.
El recurso busca que un juez reconozca la vulneración de los derechos constitucionales sufrida tanto por las víctimas como por sus familiares, al haber sido asesinados en un espacio donde supuestamente están bajo custodia y resguardo del Estado.
«Es la primera vez en la historia que, de forma colectiva, familiares reclaman justicia ante mecanismos judiciales por hechos ocurridos dentro de las cárceles», señalaron los promotores de la demanda en un comunicado.
De acuerdo a los datos de estas organizaciones, son más de 600 presos los que han muerto desde 2019, la mayoría asesinados en una serie de catorce masacres, la última de ellas la pasada semana en la Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil, con un saldo de doce fallecidos y tres heridos.
Estas matanzas se han dado en un contexto de enfrentamiento entre distintas bandas criminales rivales que se disputan el control interno de las cárceles, cuyas instalaciones registran en algunos casos un hacinamiento que puede llegar al 50 % y unas condiciones de reclusión precarias.
«Tratos crueles, inhumanos y degradantes»
Las organizaciones y colectivos consideraron que, «en medio de esta crisis, las familias de los presos han recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes, como registros íntimos, extorsiones y desembolsos económicos para la manutención de los encarcelados, cuando lo debía hacer el Estado».
«Además, tortura psicológica y, por último, un daño irreversible, como lo es el dolor de perder a un ser querido, lo que ha dejado cientos de niños y jóvenes huérfanos, que no han recibido atención del Estado», añadieron en el comunicado.
Los demandantes advirtieron de que «el Estado ecuatoriano, desde los distintos organismos, ha permitido que se normalicen las muertes dentro de prisión, ocasionando que las familias de las personas encarceladas pasen escenarios de tortura permanente».
Buscan romper inmunidad
El director ejecutivo del CDH, Willy Navarrete, señaló el deseo de las familias y de las organizaciones para «que se rompa ese ánimo de impunidad con el que estos hechos han venido tratándose».
Navarrete lamentó que la indiferencia del Estado hacia las familias se mantenga hasta la actualidad, lo que considera «un castigo» que se extiende a ellas más allá de la condena que había recibido su pariente, y a las que acusan de introducir armas y drogas en las cárceles cuando los casos revelados a apuntan a fuerzas de seguridad.
Asimismo, incidió que, si bien la demanda está firmada por 30 familias, el objetivo es que las más de 600 familias puedan beneficiarse.
Indemnizaciones y disculpas
La reparación exigida contempla las disculpas públicas del Gobierno, la implementación de una comisión de la verdad y atención psicológica gratuita y permanente a los núcleos familiares víctimas de las masacres.
También piden como acciones de reparación que opere una mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria con decisiones vinculantes, que implemente reformas al sistema penitenciario y defina una indemnización económica que deberá ser estipulada por los jueces competentes por daño moral y daño al proyecto de vida causado.
En representación de las familias de las víctimas acudió a presentar la demanda Ana Morales, quien aseguró que lo hace por la memoria de los hijos asesinados,» porque no son un número estadístico, no van a formar parte de un archivo de un escritorio».
La demanda tiene el acompañamiento de más de 30 organizaciones, instituciones, académicos y entidades internacionales de derechos como Humans Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), además de Luis Barrios, exintegrante de la Comisión para el Diálogo y Pacificación Carcelaria en el Ecuador. EFE
