Con una nueva normativa para la evaluación final de los alumnos y en medio de la precaria infraestructura educativa, afectada por el fuerte invierno y el sismo ocurrido el pasado 18 de marzo, ayer comenzó el año lectivo en el sistema fiscal de la Costa y Galápagos.
La nueva norma aprobada por el Ministerio de Educación determina cambios en el modelo de los trimestres y evaluaciones para cada opción de bachillerato.
Por ejemplo, no se aplicarán los exámenes de gracia y remediales, considerados por muchos como facilitadores de la “ley del menor esfuerzo”, cuando no de solapar el quemeimportismo.
Algo más de 2,5 millones de estudiantes reinician las clases. No todos con igual suerte. Según la Ministra de Educación, María Brown, unos 50.000, repartidos en 97 unidades educativas, lo harán de manera virtual; y unas 350 demorarán una semana para retornar a las aulas, aunque para la UNE sólo en el Guayas son 700.
Ante tales circunstancias, el Gobierno deberá asistir cuanto antes para rehabilitar dicha infraestructura, tomando en cuenta la llegada de El Niño, caracterizado por torrenciales lluvias y cuyas secuelas son impredecibles.
Pero si lo descrito no fuera suficiente, la inseguridad es el otro gran problema, una desagradable experiencia ya vivida en algunos planteles.
La incertidumbre la deben sentir estudiantes, padres de familia y educadores. De hecho, la han expresado y exigido al Gobierno dar todas las seguridades.
Según el Ministerio del Interior, está listo un plan para priorizar las escuelas ubicadas en zonas conflictivas, cuyo requerimiento policial es imprescindible.
A su vez, el Ministerio de Educación implementará el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales. Su finalidad es prevenir la violencia física, psicológica y sexual.
Todo cuanto se haga efectivo permitirá un ambiente confiable para toda la comunidad educativa.
