La inseguridad es un problema similar y recurrente en las parroquias rurales de Cuenca. Los representantes de las juntas compartieron las urgencias que atañen a sus comunidades y algunas estrategias que han dado resultados positivos.
A la reunión llegaron los representantes de las 21 parroquias rurales. Todos compartieron sus dificultades en seguridad, no obstante, las peticiones coinciden en cinco puntos.
Primero, pidieron mejor implementación de equipos para los uniformados de la Policía. Segundo, el mejoramiento de las denominadas Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y el abastecimiento regular de insumos como combustible.
Tercero, designar tenientes políticos de las comunidades. Según los representantes, la mayoría no son de la parroquia. Cuarto, mejorar el resguardo policial en las unidades educativas para erradicar problemas como el microtráfico. Y, quinto, respetar el estado de la cárcel de Turi como regional.
Acciones
No todo es pedir. Los representantes comunitarios comentaron algunas de sus estrategias con resultados positivos.
Tarqui fue la parroquia pionera en la instalación de sistemas de cámaras de videovigilancia. En 2019 implementó 30 dispositivos en un circuito cerrado para mejorar la seguridad.
Con estos equipos lograron evitar robos y detectaron delitos como el abigeato. Además, se han planteado reactivar las brigadas comunitarias nocturnas. Aun así, “hay miedo, hay temor en la comunidad”, sostuvo Galo Zhagui, presidente del GAD parroquial de Tarqui.
“Nos hemos sentido abandonados… Hay una patrulla para tres parroquias: Victoria del Portete, Cumbe y Tarqui y eso no es justo”, agregó. Es por ello que han tomado acciones por cuenta propia e incluso con sus propios recursos.
Con estos aportes consiguieron la implementación tecnológica de las cámaras. También encontraron mecanismos para la recuperación del espacio público y así evitar consumo de bebidas alcohólicas.
Otro ejemplo del accionar ciudadano está en la parroquia El Valle. Aquí también se ha montado un sistema de vigilancia similar al de Tarqui y ya ha dado resultados positivos. También operan con la instalación de alarmas comunitarias.
Fabián Carrión, presidente de la junta parroquial de El Valle, sostiene que la organización comunitaria es la que ha dado los mejores resultados. Y esto, según él, se demostró con la convocatoria a la marcha que protagonizaron comunidades vallenense, la noche del viernes 21 de abril, y a la que acudieron unas 5.000 personas.
Peticiones
Y hay más novedades. Como frecuentes robos y asaltos en Tamarindo, parroquia Molleturo y en Octavio Cordero Palacios. Las falta de unidades motorizadas en Ricaurte y más agentes policiales en Santa Ana.
Wilson Jacome, de la parroquia Baños, señaló que en la comunidad “solo hay dos policías que trabajan a medio tiempo… y carecen de combustible para abastecer a sus vehículos para las rondas rutinarias”, reveló.
Otro de los grandes problemas se da en Turi. Su presidente, Milton Jarama, señaló que la cárcel es la principal molestia. “Nos ofrecieron más policías en la UPC… solo hay cuatro agentes y una camioneta que no funciona”, detalló.
Y en la parroquia Sidcay, los habitantes deben aportar de su bolsillo para pagar el combustible del vehículo en el recorren la parroquia.
Respuesta
El Gobernador de Azuay, Matías Abad, pidió disculpas y se justificó por el desplante que tuvo con los representares de las parroquias rurales cuando lo visitaron la semana anterior. Y aseguró que están abiertos a trabajar en conjunto para solucionar los problemas de seguridad en la provincia. (FCS) – (I)
21
representantes de las parroquias rurales acudieron a esta cita en la que se definieron detalles del accionar en el campo de la seguridad.
28
de abril será la gran marcha autoconvocada por las organizaciones rurales y sus representantes para exigir acciones concretas en seguridad
