El Día Internacional de los Trabajadores, como cada 1 de mayo, no es una celebración -nunca lo ha sido- ajustada al significado de esta palabra. Es, más bien, la ocasión para protestar en contra de los gobiernos, para exigir reivindicaciones y derechos, cuando no, como en el caso del Ecuador, reformas al Código del Trabajo o, mejor, la promulgación de uno nuevo.
Es una paradoja, pero quienes salen a las calles son quienes tienen trabajo, estable por lo general, aportan al Seguro Social, y gozan de otros derechos.
En el país hay cientos de miles de desocupados. Entre ellos profesionales en diferentes áreas, con títulos de cuarto nivel, inclusive. Se suman, y son los más, quienes están en la informalidad y en el subempleo.
Según la última encuesta del INEC, la tasa de desempleo fue del 3,6 % en marzo de 2023, 1,2 puntos porcentuales menos respecto del mismo mes de 2022. En este mismo lapso, la informalidad creció en un 2,7 %, y quienes se enmarcan en esta categoría no tributan ni aportan al IESS.
El gobierno no ha sido capaz de remitir a la Asamblea su proyecto de reformas, encaminado, como dijo, a fomentar fuentes de trabajo, a implantar el sistema laboral por horas, tan común en otros países.
Los actores ligados al área laboral no han sido efectivos -egoístas más bien en algunos casos- a la hora de poner en marcha políticas de Estado, proyectos de inversiones, reformas de fondo al Código del Trabajo, pensando en aquel ejército de desocupados, de subempleados, de informales, cuya alternativa es migrar.
En el mundo todo cambia a ritmo inusitado; más aún por la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo. Por eso, seguir anquilosados en viejos paradigmas y legislaciones es quedarse; es pensar en sí mismo, no en los demás.
Aquellas son realidades sobre las cuales también debe reflexionarse en este 1 de mayo. Esto no implica renunciar a los derechos.
