Otra encrucijada se avecina para el Ecuador cuando se conozca la resolución de la Corte Constitucional (CC) sobre la consulta propuesta por Yasunidos.
Este colectivo la planteó hacía diez años. Su objetivo era (es) impedir la explotación petrolera –de manera indefinida- en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicados dentro del área protegida Yasuní.
El gobierno de la época propuso, sin éxito, a la comunidad internacional financiar la conservación de ese “fortín natural”, devengando, si no del todo, los dividendos a obtenerse en caso de extraer el crudo.
Finalmente, bajo la declaratoria de interés nacional, se autorizó la explotación a Petroecuador en los tres campos en diferentes años, siendo el último en 2022 en Ishpingo.
El empeño de Yasunidos no desmayó, si bien las autoridades de ese entonces lo torpedearon. Ahora exige a la Corte emita el dictamen de constitucionalidad de la pregunta.
Se barajan varios escenarios. O la pregunta original pasa; la modifican; o la rechazan. Este es el dilema en manos de la CC. Su presidente, Alí Lozada, tras un resorteo de la causa, debe emitir un proyecto de dictamen cuya aprobación la someterá al Pleno.
Si la pregunta pasa, íntegra, debería suspenderse la explotación petrolera. Si la modifican, podría autorizarse el final de la extracción para el futuro, pero manteniéndose la actual dentro de las áreas ya intervenidas. En ambos escenarios, de ganar el Sí. Si la inadmiten, la iniciativa de los Yasunidos cuenta con el visto bueno de la CIDH.
Empero, la solicitud de consulta fue planteada mucho antes de autorizarse la extracción. He allí el “nudo gordiano” a resolverse en el ámbito constitucional.
En lo económico, resta saber cuáles serán las consecuencias. Petroecuador invirtió millones de dólares en infraestructura. Los tres campos representan el 13 % de toda la producción petrolera del Ecuador cuyo presupuesto general se nutre de esta actividad. Eso nomás.
La consulta de Yasunidos
Otra encrucijada se avecina para el Ecuador cuando se conozca la resolución de la Corte Constitucional (CC) sobre la consulta propuesta por Yasunidos.
Este colectivo la planteó hacía diez años. Su objetivo era (es) impedir la explotación petrolera –de manera indefinida- en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicados dentro del área protegida Yasuní.
El gobierno de la época propuso, sin éxito, a la comunidad internacional financiar la conservación de ese “fortín natural”, devengando, si no del todo, los dividendos a obtenerse en caso de extraer el crudo.
Finalmente, bajo la declaratoria de interés nacional, se autorizó la explotación a Petroecuador en los tres campos en diferentes años, siendo el último en 2022 en Ishpingo.
El empeño de Yasunidos no desmayó, si bien las autoridades de ese entonces lo torpedearon. Ahora exige a la Corte emita el dictamen de constitucionalidad de la pregunta.
Se barajan varios escenarios. O la pregunta original pasa; la modifican; o la rechazan. Este es el dilema en manos de la CC. Su presidente, Alí Lozada, tras un resorteo de la causa, debe emitir un proyecto de dictamen cuya aprobación la someterá al Pleno.
Si la pregunta pasa, íntegra, debería suspenderse la explotación petrolera. Si la modifican, podría autorizarse el final de la extracción para el futuro, pero manteniéndose la actual dentro de las áreas ya intervenidas. En ambos escenarios, de ganar el Sí. Si la inadmiten, la iniciativa de los Yasunidos cuenta con el visto bueno de la CIDH.
Empero, la solicitud de consulta fue planteada mucho antes de autorizarse la extracción. He allí el “nudo gordiano” a resolverse en el ámbito constitucional.
En lo económico, resta saber cuáles serán las consecuencias. Petroecuador invirtió millones de dólares en infraestructura. Los tres campos representan el 13 % de toda la producción petrolera del Ecuador cuyo presupuesto general se nutre de esta actividad. Eso nomás.
