El Gobierno tiene previsto remitir a la Asamblea Nacional, con carácter de económico urgente, una reforma a la Ley de Desarrollo Económico o Reforma Tributaria que se aprobó a finales del 2021. El principal objetivo del Ejecutivo es modificar el cálculo del Impuesto a la Renta, en el que redujo la base sobre la que las personas pueden deducir sus gastos personales.
Henry Cucalón, ministro de Gobierno, explicó que, en la propuesta que se enviará en los próximos días, lo que busca el Régimen es brindar un “alivio” a la carga tributaria, sobre todo de la clase media, a la que, ahora lo ven claramente, se golpeó duramente con la reforma del 2021.
Antes de la Reforma Tributaria del 2021, los contribuyentes podían deducir, del pago del Impuesto a la Renta, hasta 14.000 dólares de sus gastos personales en salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentación. Tras los cambios, el límite se ubicó en el equivalente al valor de siete canastas familiares básicas al año, que en el 2022 llegó a 5.000 dólares.
Según explicó la asambleísta Nathalie Arias (CREO), que es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramitó la Reforma del 2021, la idea actual no es retornar a los 14.000 dólares que se podían deducir antes de los cambios. Pero sí se espera subir la base actual, aunque esto implique menos recaudación para el país.
“No significa deshacer lo andado, sino dar un alivio a los contribuyentes, porque según el análisis de las finanzas públicas se afectó al bolsillo de un número importante de contribuyentes”, afirmó Arias.
Meta cumplida
Según el análisis que se realizó en el interior del Gobierno, tras un año de vigencia de la Ley de Desarrollo Económico, la meta financiera que se planteó con esta norma se ha cumplido. Es decir, según el Régimen, la Reforma Tributaria permitió dar solidez a las finanzas públicas, se redujo el déficit fiscal y se obtuvo recursos para la implementación de proyectos en beneficio de los más necesitados, por lo tanto, es hora de que los ciudadanos aporten menos.
Sin embargo, dentro de las bancadas legislativas ven otra intención en la reforma planteada por el Gobierno. Creen que tiene como objetivo la obtención de votos para evitar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Así lo considera Mario Ruiz (Pachakutik), también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.
“La reforma es necesaria. Lo que no está bien es plantearla este momento, justo cuando se analiza una posible destitución del Presidente de la República. En la Comisión se les advirtió el golpe que se le iba a dar a la clase media, pero en ese momento no les importó. Solo ahora parece que lo entienden, porque ven el descontento que causaron”, enfatizó Ruiz.
Para Daniel Noboa (Independientes), la reforma que remitirá el Gobierno es doblemente inoportuna. Pues no solo llegará en medio del juicio político a Lasso, sino en plena reestructuración de la Asamblea, lo que impedirá que se la trate en el plazo de 30 días que otorga la ley. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe admitirla a trámite, estará conformándose, y luego se deben cambiar las comisiones, lo que llevará más tiempo.
