En esta semana se definirá la suerte política del presidente Guillermo Lasso, tras conocerse la resolución de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Esa suerte estará en manos del Pleno de la Asamblea, dominada, en teoría, por la oposición al gobierno. Si finalmente es sometido a juicio político lo decidirán 92 votos.
La oposición, en especial la alianza socialcristiana-correísmo, tira números para conseguirlos. Igual lo hace el gobierno. En política, ni se diga en el Ecuador, nada está dicho mientras no se conozca la votación final.
Un informe no recomendaba el juicio político, entre otras cosas, por no haberse demostrado el delito de peculado por parte del presidente en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tankers, un entramado del cual no se escapa ni siquiera una de las asambleístas proponentes de llevar a Lasso al banquillo de los acusados y de destituirlo.
Dicho informe, finalmente no se aprobó. Un voto marcó la diferencia. En consecuencia, el Pleno de la Asamblea lo resolverá. Si lo decide de manera positiva, el presidente deberá afrontar el juicio político, cuya eventual censura y destitución estará a merced, asimismo, de 92 voluntades.
Está claro, y así se ha dicho: en ese tipo de juicio no interesan las pruebas de descargo, ni siquiera la contundencia de las de cargo. Importa si hay los votos para la destitución, y basta. Ocurrió cuando la oposición, argumentando conmoción nacional durante el paro efectuado en junio de 2022, intentó, sin éxito, echar a Lasso del poder, una aspiración convertida en obsesión desde el 24 de mayo de 2021.
En ese escenario claroscuro, donde las estrategias políticas semejan a un juego de ajedrez, el socialcristianismo ha perdido en estos días tres asambleístas. Otros bloques legislativos mantienen cautela, más todavía porque el presidente podría decretar la muerte cruzada.
Captar el poder es la premisa mayor del juego político. Para esta finalidad todo vale, incluso lo insensato. Toca esperar.
