Durante estas últimas semanas, en el contexto de una comunicación política mediática, hemos sido testigos de cómo la percepción en relación a la balanza de los votos ha ido inclinándose de acuerdo con la versión que ha adquirido mayor protagonismo en los medios de comunicación y en el ámbito público.
En los inicios de esta crisis política, el Gobierno reaccionó de forma bastante reactiva frente a las acusaciones provenientes principalmente del ámbito mediático digital, y a través de sus acciones y declaraciones erráticas ha parecido confirmar dichas acusaciones. Mientras tanto, la oposición ha emprendido un proceso de fiscalización limitado al seguimiento de los acontecimientos noticiosos. Por tanto, debido más a los errores cometidos por el Gobierno que a los aciertos de la oposición, la balanza en cuanto al juicio político presentaba perspectivas poco optimistas para el oficialismo. Sin embargo, las diversas y dispersas voces, así como los numerosos errores en los documentos, filtraciones y otras negligencias que ya levantaban sospechas, han generado una atmósfera de dudas en torno al proceso y sus resultados, que han sido hábilmente aprovechados por una vocería gubernamental que ha funcionado de manera efectiva a través de figuras como Villavicencio, Cordero y, sin lugar a dudas, la estrategia política de Henry Cucalón.
Si bien es cierto que los juicios políticos se resuelven mediante votos, los escenarios mediáticos representan un colchón político necesario para que los asambleístas indecisos inclinen su balanza (disculpen mi omisión de cualquier discusión ética en esta reflexión). Por consiguiente, la lucha por el dominio narrativo resultaba crucial. Dado que los medios digitales, en calidad de acusadores, decidieron no intervenir en esta etapa, la versión de la acusación perdió visibilidad. El Gobierno, por su parte, únicamente necesitó mantener a sus portavoces constantemente presentes en los medios transmitiendo el mensaje que todos hemos escuchado: que el juicio carece de fundamento. A veces, sembrar la duda es suficiente.
Con este escenario los asambleístas indecisos pudieron mostrarse más flexibles frente a las aproximaciones políticas provenientes del gobierno. Si a esto le añadimos la crisis interna en los partidos políticos del bando acusador, el total de la votación sobre la continuidad del juicio, considerado como una especie de «prueba de lealtad,» ha sorprendido a ambos bandos.
En términos absolutos, Lasso se encuentra a tan solo cuatro votos de ser destituido, pero en política todo es relativo. Algunos asambleístas todavía evaluarán su voto en función de la versión que esté ganando terreno, lo cual hace que las apuestas se eleven, que las cotizaciones estén al alza. El gobierno, independientemente del resultado del juicio, habrá comprometido su capacidad de gobernanza, bajo el oscuro manto de una práctica política burda. Todo a cambio de un voto.
