La Asamblea Nacional oficializó el llamado a una sesión de su pleno para renovar este domingo 14 de mayo de 2023 a sus máximas autoridades, elección que tendrá lugar poco antes del juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, acusado por la oposición de peculado (malversación).
El Pleno anunció este viernes 12 que ha sido convocada la sesión de su pleno, compuesto por 137 legisladores, para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, actualmente dirigido por Virgilio Saquicela.
Además, los asambleístas deben designar al primero y segundo vicepresidentes del foro, así como a cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de planificar las actividades legislativas y establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos legales.
El domingo el pleno de la Asamblea también elegirá al secretario general y al Pro-secretario del unicameral Parlamento ecuatoriano.
Previo a esas designaciones, el pleno tomará juramento a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que fueron elegidos por voto popular en febrero pasado.
Los nuevos miembros del Cpccs son Augusto Verduga, Alembert Vera, Xavier Fantoni, Yadira Saltos, Mishelle Calvache, Sthefanie López y Johanna Verdezoto.
El proceso de renovación de autoridades de la Asamblea Nacional se efectuará en medio de la pugna que ha abierto el llamamiento del juicio político de censura contra el conservador Lasso, quien será interpelado por un presunto delito de peculado, que él niega.
El mandatario, quien se ha negado a comparecer a anteriores interpelaciones y ha delegado para esos casos a sus asesores jurídicos, ratificó que esta vez sí se presentará ante el pleno de la Asamblea, dominada por la oposición.
El pasado martes, con el voto mayoritario de 88 legisladores, la Asamblea aprobó seguir con el juicio político, que entra en una decisiva y última fase que concluirá con la votación en la que se definirá si Lasso permanece o no en el cargo.
Según la oposición, el Presidente incurrió en peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, así como de no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa de Lasso sostiene que los contratos no fueron firmados bajo su administración y que incluso pidió que la Contraloría (Tribunal de cuentas) revise dichos convenios.
Según la legisladora Viviana Veloz, del opositor movimiento Unión por la Esperanza y que figura como una de las interpelantes, el juicio político seguramente comenzará el próximo martes, toda vez que el presidente Lasso ya ha sido notificado de manera oficial por la Asamblea.
La oposición requiere un mínimo de 92 votos para censurar a Lasso, quien incluso ha advertido de que podría recurrir a la llamada «muerte cruzada», una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea, convocar elecciones anticipadas y que gobierne a través de decretos ejecutivos.
Esa opción podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por las políticas neoliberales de Lasso. EFE
