La disolución de la Asamblea crea un nuevo escenario político para el país y aunque el recurso de la muerte cruzada es una salida constitucional, no resuelve la grave crisis económica y social que vivimos, colocándonos más bien al borde de una verdadera conmoción política con un alto riesgo de incrementar el regreso de fuerzas totalitarias y expresiones dictatoriales en un país en donde la credibilidad y confianza en la institucionalidad es una de las más bajas de nuestra historia política. Frente a este aterrador escenario han sido múltiples y variopintas las reacciones expresadas por los distintos sectores sociales y políticos, mientras el régimen le apuesta a una agenda económica que se conjuga con los intereses de los grupos más reaccionarios que poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de los millones de ecuatorianos que viven en situación de hambre, desnutrición y desempleo, colocándonos además en un gravísimo peligro ambiental ante las ambiciones extractivistas de lasempresas transnacionales mineras y petroleras, como ya lo ha manifestado el Ministro de Energía que ve con este decreto como la oportunidad de “eliminar trabas burocráticas” para que el sector privado “impulse el área energética”; de allí que sea necesario que la sociedad ecuatoriana esté en alerta máxima. (O)
