Si bien la disolución de la Asamblea por parte de cualquier Presidente de la República es una posibilidad que consta en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, empero, conceptualmente desde el punto de vista democrático es algo que atenta a un elemento esencial para la vigencia plena de un régimen republicano y democrático: la existencia de una división de poderes; pues sólo en las monarquías absolutistas o en los regímenes dictatoriales puede existir un Estado sin un órgano legislativo; es decir, sin los pesos y contrapesos institucionales de los que, ya hace siglos, hablaba Montesquieu en su famosa doctrina de la “división de poderes”.
Aún más, en el caso concreto del decreto del Presidente Lasso que disuelve la Asamblea Nacional, se ha planteado un cuestionamiento acerca de su constitucionalidad y, por tanto, de su legalidad, pues la causal que se alega para la llamada “muerte cruzada”, la “grave crisis política y conmoción interna”, no se ha dado; pues el cumplimiento del rol constitucional de fiscalización de la Asamblea, a través de un juicio político, no constituye una crisis política grave; y, tampoco se ha desatado en el país una situación que puede ser calificada de conmoción social, incluso en los términos en los que esta ha sido ya definida por la propia Corte Constitucional.
En este contexto, entonces, cobra vigencia la interpretación de que disolución de la Asamblea, por parte de Lasso, ha sido usada como una maniobra para librarse del juicio político por corrupción en el caso FLOPEC y, por ende, para evitar su eventual censura y destitución por parte del órgano Legislativo. Algo que, sin duda, configuraría un pésimo precedente para la vida institucional y democrática del país en el futuro; pues, en adelante, cualquier Presidente para evadir un juicio político podría asumir inconstitucionalmente la medida de suprimir al órgano legislativo del Estado.
En todo caso, si no llegarán a prosperar los recursos ante la Corte Constitucional para suspender el cuestionado decreto presidencial, se abre la oportunidad para que el pueblo pueda, en pocos meses, decidir democráticamente el destino que quiere darse en el futuro, con la elección de nuevas autoridades gubernamentales y de nuevos legisladores. (O)
