La cotidianidad, la crisis política, las interrogantes respecto al futuro del Ecuador, entre otros factores, hacen pasar casi desapercibida la reapertura del denominado caso Gabela.
Jorge Gabela, excomandante de la FAE, fue asesinado en diciembre de 2010, nueve meses después de haber denunciado presuntas irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhrub. Se la concretó luego de su salida, forzada hasta cierto punto.
El trabajo del Comité Interinstitucional, creado en 2012 para indagar el crimen, fue cercenado. Pudo haber sido a propósito. El Producto III, elaborado por el perito forense, Roberto Meza, quien lideró la investigación, curiosamente (¿deliberadamente?) se extravió tras entregárselo al Ministerio de Justicia.
Allí se identificó a los presuntos autores intelectuales del asesinato, al comienzo tomado como un acto de delincuencia común, una tesis con afán defendida, a lo mejor por quienes no quieren la verdad o, de una vez, ser descubiertos.
Ahora, por orden de la Corte Constitucional, el gobierno de Guillermo Lasso integró una Comisión cuyo objetivo fue contactar al perito Meza y obtener copia certificada del Producto III. Si bien el documento físico aparentemente no existe, este profesional está en el país y trabaja para reconstruirlo.
Y es cuando ocurren hechos condenables. Una de las comisionadas, Jeannie Cruz, ha sido amenazada de muerte, enviándola un arreglo floral.
¿Quiénes están detrás de esa amenaza? ¿Los supuestos autores intelectuales del asesinato? ¿Quiénes ostentaron el poder en aquel entonces y lo añoran? ¿Quiénes nunca sintieron pesar por las vidas perdidas tras las caídas de cuatro de los siete Dhrub, y, a lo mejor, se enriquecieron ilícitamente?
La seguridad de los otros comisionados ni se diga la del perito, también está en peligro. El Estado debe reforzarla; y todo el país condenar la amenaza, cobarde y vil como toda amenaza.
El asesinato de Jorge Gabela no debe quedar impune.
