Amnistía Internacional (AI) aseguró este jueves 25 de mayo de 2023 que la muerte de 49 manifestantes peruanos en choques con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales muestra que hubo una «respuesta estatal deliberada y coordinada» que fue «ordenada o tolerada por altos cargos«.
«Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando», afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Así lo afirmó durante la presentación de un informe, llamado «Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú», que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas desarrolladas desde diciembre.
«Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos», afirmó la organización.
Además, advirtió que, «en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de ‘terroristas’ y difundiendo intencionadamente desinformación».
En este sentido, Callamard expresó que el Gobierno hizo esfuerzos para presentar a los manifestantes como terroristas o delincuentes, pero recalcó que los fallecidos eran manifestantes, observadores y transeúntes, y que casi todas ellos pertenecían a «entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal».
«El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana», dijo.
RECLAMA INVESTIGAR A RESPONSABLES «DE ALTO NIVEL»
Por otro lado, Amnistía Internacional también reclamó a la Fiscalía del país andino que debe «investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad» que se saldó con estas muertes.
El informe analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en varios puntos del sur del país (Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca) y concluye que, de estos, hay 25 muertes, de las cuales 20 «pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales».
Argumentó que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y que también hay indicios adicionales, como videos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza.
«Las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que, además, ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios», señaló el informe tras indicar que en registros policiales y militares a los que tuvo acceso Amnistía, «no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas».
Incluye el ejemplo de que el 9 de enero, en la ciudad sureña de Juliaca, donde se produjo la jornada más sangrienta de las marchas, «sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM», pero al menos 15 personas murieron por munición letal y decenas más resultaron heridas con armas de fuego. EFE
