Perspectivas

Como decisión histórica ha calificado el presidente Lasso a la disolución de la Asamblea Nacional, con ello, a su criterio, cierra un capítulo de “desinstitucionalización y abuso de poder.”  En su perspectiva, con este precedente, ningún presidente de la República quedará a “merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país”.    Estas afirmaciones se anclan en un Informe a la Nación que tuvo textos introductorios y de cierre fuertemente acusatorios al sector político a quienes llamó “golpistas y traicioneros de los principios democráticos”, quienes recibieron la “sanción moral de la inmensa mayoría que ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada”.

Estas ideas deben ser analizadas con mayor profundidad dado que -sin lugar a duda- generan un precedente, pero uno que resulta muy peligroso para la democracia por la forma como el presidente Lasso ha interpretado la herramienta constitucional.

En primer lugar, la muerte cruzada es una expresión del fracaso de toda la clase política.  Debió ser una medida tomada en condiciones sociales y políticas extrema, las cuales -a historia lo recordará- no fueron las de este último mes.  La mencionada “conspiración e impedimento a la agenda de desarrollo” no resulta tan clara cuando tan solo dos leyes fueron objetadas por los asambleístas, el resto de las propuestas, previos debates pertinentes, han sido debidamente tramitadas.

En segundo lugar, la “sanción moral” de la que habla el presidente Lasso en su discurso no exime de responsabilidad al Ejecutivo.  El ánimo público sobre la clase política, evidenciado en el rechazo a la Asamblea, también se manifiesta en el rechazo al Ejecutivo.  De manera que la población que favorece la muerte cruzada lo hace, además, porque con esa decisión será el Ejecutivo el que también pone su cargo a disposición del pueblo.  Así, la famosa sanción moral no exculpa a nadie.

Finalmente, hasta que llegue una nueva Asamblea y un nuevo gobierno, el único que pierde es el pueblo ecuatoriano y la calidad de la conversación democrática.  La ausencia del debate político, originado tradicionalmente en el Parlamento, hace que no lleguemos a enterarnos sobre los detalles del contenido de los dos nuevos decretos-ley firmados.  La población desconoce sobre la fiscalización a los ministerios, simplemente porque la oportunidad de enterarse era por la vía de la actividad parlamentaria.  Se requería que voces se pronuncien y a veces dos eran suficientes para que, la presión pública pueda hacerse manifiesta y se enfocaran las linternas gubernamentales a las mayores necesidades. 

Así las cosas, pareciera que la desinstitucionalización y el abuso de poder terminan originándose al firmar el decreto de la muerte cruzada y no, como, de manera épica, se relata en el Informe a la Nación.  La historia sabrá poner la perspectiva adecuada. (O)