El fiscal del cantón Durán, Leonardo Palacios, fue muerto con más de 35 disparos tras salir de una audiencia en contra de dos procesados por asesinato.
Horas antes, la fiscal general Diana Salazar, vía WhatsApp fue amenazada de muerte, en tanto enfrenta “acosos” desde la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, justificando denuncias en su contra por parte de “colectivos ciudadanos”.
Argumentando buscar justicia, no impunidad, Rafael Correa, ha calificado a Salazar de “tonta”. Él fue sentenciado a ocho años de cárcel por el caso Sobornos.
Salazar formulará cargos por presunto peculado en contra de Jorge Glas, por el manejo de recursos en la fallida reconstrucción de Manabí, luego del terremoto en 2016.
La ola criminal no da tregua. Al puro estilo mexicano, la Policía encontró, en una semana, cinco sacos con restos humanos. Este viernes, en Manabí incautó más de cuatro toneladas de droga.
El caso por el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, tras la resolución de la Corte Constitucional, es una bomba de tiempo. Cuando explote el país conocerá los nombres de los presuntos autores intelectuales.
Ante semejante situación, esos autores y demás cómplices deben estar asustados, moviendo todo para impedir el imperio de la verdad y la aplicación de la justicia. No serán “simples personajes”.
Las declaraciones del perito forense, Roberto Meza, dan cuenta del andamiaje montado para desaparecer el “tercer producto”. Identificaba a los presuntos autores. Otros informes se tergiversaron y, lo peor, presentados sin firma de responsabilidad. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Obligados por quiénes?
Esos y otros escenarios tensan al país. Varios podrían tener alguna ligazón entre sí. En vez de la Asamblea, hay otros entes desde donde se alienta la confrontación, se crispa a la ciudadanía y gana terreno la polarización política. Grave, sin duda alguna.
