Todo cuanto se haga por la seguridad ciudadana es bienvenido. Lo es mucho más cuando, como en el caso del Azuay, se unen las principales autoridades: alcalde de Cuenca, prefecto y el gobernador, en su orden, Cristian Zamora, Juan Cristóbal Lloret y Paúl Carrasco.
La ciudad, la provincia, no están libres del azote de la delincuencia. Han ocurrido ciertos casos de sicariato. Son más los robos de vehículos, a las viviendas, asaltos en las calles, parques y plazas, sobre todo esa pesadilla denominada “vacunas”, una forma infame de extorsionar a los comerciantes sin importar el tamaño del negocio, a cambio de no causar daño, en otras palabras, de no asesinar.
A la reunión asistieron representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, encargadas, en especial la primera, de ejecutar las acciones antidelictivas con el apoyo de la segunda.
Las diferentes iniciativas, como dijo el gobernador, están dispersas. Tanto el alcalde como el prefecto, cuando candidatos, ofrecieron garantizar la seguridad ciudadana, si bien los cómo no quedaron claros.
Vale insistir: la seguridad es responsabilidad del Estado; pero no implica actuar por sí solo, peor si no se tiene definido un plan bien financiado, perfectamente equipadas a las fuerzas del orden, funcionando a la perfección el trabajo de inteligencia.
Por ello las acciones de alcaldes y prefectos son vitales. Cada quien poniendo lo suyo, siempre y cuando, como acaba de ocurrir en Cuenca, trabajen de forma coordinada.
No olvidar: la seguridad no debe ser politizada, una debilidad aprovechada por las bandas del crimen organizado; peor si la Justicia no pone su parte y el pánico se apodera de todos.
Se prevé mejorar los operativos de control. La Guardia Ciudadana, según el alcalde, se sumará a esta tarea; a más de aumentar la capacidad de respuesta ante el llamado de auxilio.
Dicha reunión debe marcar la línea de partida para ganarle la carrera a la delincuencia.
