Enfocados en las elecciones presidenciales y para asambleístas, los ecuatorianos no estarán lo correctamente informados para discernir sobre la pregunta de la consulta popular relacionada a si dejar o no bajo tierra el petróleo del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, declarado como reserva de la Biósfera.
Está en juego gran parte de los ingresos petroleros para el país; pero también la conservación de uno de los ecosistemas más grandes y únicos del mundo.
Ningún candidato se pronunciará con sinceridad absoluta. Es un tema supra delicado como para comprometer potenciales votos.
El próximo presidente, de ganar el sí, tendrá serios aprietos económicos, difícilmente compensables, excepto si opta por endeudar más al país, por “desnivelar” la balanza de pagos, ampliar el hueco fiscal, proponer una reforma tributaria o focalizar los subsidios a los combustibles.
Más grave aún. Según analistas económicos, por concepto de deuda pública interna y externa el Ecuador deberá pagar USD 7.542 millones en 2024; 8.374 millones en 2025, y 9.619 millones en 2026, amén de otras cuentas pendientes por intereses de los bonos reestructurados, y pagos al FMI.
Y resta saber las consecuencias de El Niño. Los GAD exigirán más presupuesto. Igual los sectores de la salud, educación, seguridad social.
Petroecuador, de suspenderse la explotación del crudo del Yasuní, calcula las pérdidas en USD 16.470 millones. Solo las instalaciones petroleras e infraestructura le costaron USD 1.952 millones. Deberá retirarlas dentro de un año de plazo de ganar el sí.
Según analistas, hasta la fecha se han extraído 125 millones de barriles entre 2014 y 2022, habiendo ingresado USD 6.733 millones, “de los cuales 4.407 millones fueron utilidades netas para el Estado”.
Como se ve, es un asunto serio, complejo, para debatirlo con seriedad, sin descuidar la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles para enfrentar el cambio climático.
