La recuperación económica del Ecuador necesita de inversiones. En esa línea, las decisiones que se toman en cualquier lugar del país resultan trascendentes para nuestro futuro.
La Corte Provincial de Justicia del Azuay tiene pendiente el fallo de segunda instancia sobre una acción de protección que pretende impedir el proyecto minero Loma Larga. Este proyecto representaría una inversión de USD 500 millones, más de 1.200 fuentes de empleo (en la etapa de construcción), y oportunidades para dinamizar la economía de Cuenca.
Ante la preocupación del medioambiente, se olvida que el Estado cuenta con organismos y marcos regulatorios para realizar las evaluaciones técnicas y ambientales exhaustivas que permitan tomar decisiones informadas. Las empresas formales tienen procesos mineros modernos y comprobados para el desarrollo de una minería sostenible.
Un fallo negativo al proyecto privaría a las comunidades de oportunidades de desarrollo y al país de recibir ingresos fiscales para ser reinvertidos en su calidad de vida. Solo con la aplicación de la medida cautelar que mantiene detenido al proyecto desde 2022, decenas de trabajadores han perdido sus empleos.
Desconocer las reglas establecidas (Ley de Minería y su reglamento) vulnera la estabilidad jurídica y la reputación del país como un destino confiable para las inversiones. Si las empresas perciben riesgos o la posibilidad de que los contratos sean revocados arbitrariamente, buscarán destinos más seguros.
Además, las compañías afectadas pueden recurrir a tribunales internacionales para buscar indemnizaciones millonarias, que son asumidas por el Estado, más los costos legales para su defensa.
En tiempos en los que los ecuatorianos necesitamos trabajo e inversión, decisiones que podrían verse como “locales” tienen implicaciones en la vida de todos. (O)
