El uso del cannabis con fines recreativos está a un paso de ser despenalizado en Colombia, después del último debate que está programado para este jueves en la plenaria del Senado, en un hecho histórico para un país cuya evolución reciente está inevitablemente ligada al narcotráfico.
Después de siete debates en las comisiones y plenarias de las dos cámaras del Congreso, salvo sorpresa, Colombia verá autorizada la compraventa del cannabis para adultos, a falta de que el mercado sea regularizado.
El cannabis de uso medicinal está permitido en Colombia, pero para el recreacional los gobiernos de diferente signo han optado, legislatura tras legislatura, por una política prohibicionista bajo la eterna promesa de acabar con las drogas. El último golpe lo dio el expresidente Álvaro Uribe, quien incluyó esta prohibición explícitamente en la Constitución.
«Se declaró la guerra a las drogas, pero fue un fracaso. Es el momento de decirle a los senadores de Colombia que voten el jueves la regulación del cannabis. La prohibición ha generado más violencia, no ha sido capaz de controlar el consumo y ha fortalecido las mafias», expresó este miércoles el expresidente Juan Manuel Santos.
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la marihuana se convirtió en la sustancia más consumida en Colombia con un total de 1.340.000 usuarios en 2022, cifra que se viene incrementando anualmente.
Las tiendas desafían al mercado ilegal
La llegada de esta reforma constitucional implicaría que tanto las tiendas como los autocultivadores puedan vender cannabis listo para consumir, iniciando así una competencia directa al mercado ilegal que constituye el principal objetivo de la medida.
«Sí confío en que haya competencia pero las tiendas van a estar por delante», asegura a EFE Alejandro Romero, fundador de la tienda experta en productos de cannabis FloraHigh, con respecto a la importancia que cobrarían estos comercios con la legalización de la marihuana.
«Para Colombia es muy beneficioso legalizar y crear una industria para poder exportar a aquellos territorios que, por cuestiones de clima, no pueden contar con cannabis en ciertos periodos del año», afirma Romero.
Sin embargo, la experiencia de países como Uruguay, pionero en Latinoamérica tras legalizar el consumo de uso recreativo en 2013, Canadá o diferentes estados de EE.UU. señala el peligro de una excesiva regulación en forma de impuestos, la cual ha derivado en un crecimiento de la compraventa ilegal tras el auge inicial del comercio regulado.
«La diferencia de precio puede llegar a ser de más del 300 % entre el cigarro de la calle y el de una tienda», explica Romero, sobre el que será uno de los principales retos a afrontar en el caso de aprobarse la nueva ley.
Hacia un consumo consciente
Otro de los principales objetivos será que el consumo de cannabis sea más seguro y conlleve un menor riesgo contra la salud, meta que puede verse propiciada si los impuestos se focalizan hacia labores de concienciación ciudadana.
«Si Colombia le da un foco a esa recaudación de impuestos no va a haber problemas de adicciones y sí una sociedad culturizada que sepa qué es el cannabis», alega Romero.
Julián Quintero, director de Acción Técnica Social (ATS), corporación dedicada a impulsar proyectos de reforma de política de drogas y a concienciar sobre los efectos derivados del consumo de sustancias psicoactivas, afirma a EFE que «el modelo de prohibición fracasó» y que la legalización es necesaria ya que «si una persona que consume cannabis se educa, mejora su salud y la calidad de vida del entorno».
Quintero confía en que el Gobierno «sepa vender el producto», ya que eso supondría que «en cinco o seis años el 50 % de la venta de cannabis sea dentro del mercado legal». Sin embargo, el desafío vendrá a la hora de mantener esas cifras frente al comercio ilícito.
Las voces críticas con la medida, entre las que se encuentran formaciones políticas como Centro Democrático, manifiestan que la legalización puede derivar en un aumento del consumo del cannabis, especialmente entre los más jóvenes.
«Puede que aumente el consumo, pero se producirá en condiciones de salud pública diferentes, de menor impacto dañino», defiende Quintero.
A la espera de que la votación dé luz verde o paralice la aprobación de la nueva ley, Colombia permite la siembra de 20 matas de autocultivo para consumo personal desde el año 1986, así como la tenencia de un máximo de 20 gramos con el mismo fin, desde 1994. EFE
