El país no debería quedarse impávido por ciertas declaraciones de funcionarios del Gobierno tras renunciar a sus cargos.
Varios de ellos no duran ni tres meses en funciones, pese a la expectativa creada por sus antecedentes de servicio al Ecuador, y a la necesidad del Régimen de contar con personas probas, desprendidas y dispuestas a “poner el pecho a las balas”, en especial en materia de seguridad, la más urgente necesidad colectiva.
Es el caso del general (r) Paco Moncayo, posesionado hace dos meses como consejero de Seguridad Nacional.
No lo dijo en su carta de renuncia, sino en declaraciones a la prensa. Se va por “trabas burocráticas, pero sin ahondar en detalles.
“No me estoy bajando del barco, estoy pidiendo seguir, pero con un estatus diferente, sin cargo y sin sueldo (…) sin relación de dependencia burocrática”, dijo este martes en Teleamazonas.
Queda el sinsabor por no conocer esas trabas; peor quienes las ponen, las razones para actuar así; o si obedecen a algún organigrama o disposiciones legales y administrativas, de las cuales el país está harto por ineficaces.
Seguirá “aportando con ideas al Gobierno en la lucha contra el crimen organizado”, pero sin sueldo.
Bien por su predisposición; pero no será lo mismo. El presidente Guillermo Lasso debería enfocarse en descubrir esas trabas y corregirlas.
Otro dardo lanzado por Moncayo, si bien no es novedad mayor, se relaciona con la administración de Justicia. La “plata floja de la estrategia contra la inseguridad es la Función Judicial”, declaró.
Y lo sustenta: de los más de 800 delincuentes capturados por la Policía apenas el 9 % es procesado. Esto lo sabe el país. Por eso desconfía de la Justicia, ahogada en sus propios líos, casi siempre producto de la “metida de mano” por los políticos, incluyendo los prófugos.
Renuncia Moncayo sin haber conocido la compra de un radar. Tras su dimisión deja una tela de dudas, mientras el crimen organizado no se amilana.
