La Asamblea Nacional bien puede considerarse como una de las principales agencias de empleo en el Ecuador.
Una frondosa burocracia, nada productiva en la mayoría de los casos, mina el presupuesto de esa función del Estado.
No sólo es el sueldo de los 137 asambleístas, para muchos, insuficiente. Lo son más, los destinados a pagar a todo un ejército de asesores categorizados de forma poco entendible; igual los contratados para una variedad de tareas, a lo mejor innecesarias.
Cada legislador tiene derecho a tener uno, dos o tres asesores. Ni se diga el presidente de la Asamblea, alrededor del cual gira una pléyade de burócratas, por lo general de su entera confianza. Si él no es de Quito, se los lleva de su ciudad de origen.
Dos medios de comunicación, en estos días difunden la cantidad de empleados, entre contratados y quienes tienen nombramiento.
Sus sueldos varían entre USD 4.283, 3.608 y 2.000 mensuales. Montos para nada despreciables frente a los percibidos por profesores, policías, médicos, enfermeras o cualquier profesional del sector público.
Hasta antes de la muerte cruzada, según la investigación periodística había 1.360 funcionarios. Esto representaba egresos mensuales por USD 2,8 millones, sin contar los ganados por los asambleístas.
Esos 228 siguen “trabajando”. Se duda sobre si merecen seguir. En ellos, el Estado gasta USD 410.378 al mes. Gran parte tiene sueldos sobre los USD 2.000.
Cesada la Asamblea, ¿vale seguir con un secretario de Comunicación, con un secretario de Relaciones Internacionales, o con asesores del expresidente?
Los cesados están inconformes con la liquidación, proceso a cargo del administrador, un funcionario de confianza del entonces presidente de la Asamblea y cuyo sueldo mensual es USD 4.283.
Para todo hay recortes presupuestarios, incluso para la salud, educación, vialidad, menos para poner fin a la burocracia legislativa, clientelar, política y dispuesta a pagar diezmos para mantenerse. Inaudito.
