Más de un centenar de familias se encuentran desplazadas y unas 800 confinadas en el río San Juan y el Sipí, en el departamento colombiano del Chocó (Pacífico norte), desde principios de junio debido a los enfrentamientos armados entre la guerrilla del ELN y las paramilitares AGC.
Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) en un comunicado este miércoles después de realizar una «MisiónPaz» para evaluar las necesidades de estas comunidades.
«Más de 130 familias se encuentran desplazadas en el pueblo de San Miguel, sobre el río San Juan, otras se desplazaron a la ciudad de Istmina y otras tantas se han dispersado por pueblos de la zona», alegó la OACP, que apuntó que otras 800 familias están confinadas en la cabecera municipal de Sipí y en los caseríos de las orillas del río.
La crisis, según los habitantes de la zona, se asemeja a la sufrida entre 2000 y 2004 cuando se recrudeció la guerra entre las extintas FARC y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tiene lugar precisamente en un momento en que el ELN está sentado en una mesa de negociación donde se acordaron «alivios humanitarios» para esta zona del Bajo San Juan.
Sin embargo, en esta zona el ELN mantiene fuertes choques contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, quienes han ido empujando a la guerrilla hacia el sur del Pacífico en una lucha por el control territorial que ha expuesto a las comunidades a un número de confinamientos sin precedentes que los aboga a un aumento de la malnutrición y de no poder acceder a servicios básicos.
«El equipo de la OACP recibió reportes de que tanto el ELN como las AGC han impedido el desplazamiento de embarcaciones civiles por el río Sipí y han establecido retenes, ocasionando desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible«, testimonió el Alto Comisionado.
También hay «preocupación» por la posible presencia de minas antipersonales, que dificultan a las poblaciones acceder a sus campos de cultivos básicos, lo que supone casi su única fuente de supervivencia.
Por ello, tras la «MisiónPaz», que quiere volverse permanente en la zona, se ha considerado que «es urgente garantizar la alimentación de las familias que permanecen confinadas en la zona de los enfrentamientos».
«Las comunidades han hecho énfasis en la responsabilidad del Estado con mitigar la emergencia. Por eso, este Gobierno trabaja de manera permanente para acompañar a la población civil en medio de la conflictividad armada y para poner la institucionalidad a disposición de sus necesidades», concluye el comunicado.
A principios de junio, la Defensoría del Pueblo alertó de que más de 5.000 personas estaban confinadas en el municipio de Nóvita, también en el Chocó, al norte de Sipí, por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. EFE
