En las elecciones de agosto próximo debemos elegir a los asambleístas en cumplimiento de las normas constitucionales respectivas.
La renovación de las funciones estatales, ejecutiva y legislativa, exige una necesaria dosis de responsabilidad cívica. Si el presidente de la República por las razones ya comentadas hizo uso de la potestad constitucional de disolver la Asamblea Nacional, aún terminando anticipadamente su período, fue por la necesidad imperiosa de renovar con nuevos asambleístas a la función legislativa venida a menos por la ninguna calidad de una mayoría dedicada a bloquear toda gestión del ejecutivo, entorpeciendo o negando sus proyectos de ley, conspirando de manera permanente para destituir al presidente. Una experiencia nefasta que no se debe repetir por el bien de la sociedad.
Pero vemos con estupor como un inmenso grupo de destituidos pretende volver a la asamblea para continuar con su deleznable actitud de indecencia probada. Audacia sin límites fue la del incriminado por conducta delictual ocupando una curul, tal vergüenza no se debe repetir, o la de iletrados que pretenden legislar y juzgar.
Teniendo en mente que la Función Legislativa ha tenido las atribuciones legislativas y de control de las otras funciones estatales y que, en la raíz de la democracia representativa, la calidad cívica es la condición imprescindible del buen gobierno, lo que más debemos exigir los electores es la capacidad ética y necesaria formación académica de los candidatos.
Más allá de las condiciones básicas, requeridas por sentido común, como la nacionalidad ecuatoriana o estar en goce de los derechos políticos, se debe acreditar la idoneidad integral para ejercer con solvencia la compleja función a desempeñar, por eso nosotros los electores, insisto, debemos exigir que los candidatos acrediten probidad y conducta intachables, competencia académica, experiencia y prolijidad. No se trata de facilitar cuanto perfeccionar la institucionalidad. Así podremos dar nuestro voto a quien lo merezca. (O)
