Para muchos parecerá simplezas; peor para quienes están inmersos en la campaña electoral anticipada, prometiendo hasta lo imposible.
No lo será para los beneficiarios del decreto ley de urgencia económica enviado por el Gobierno a la Corte Constitucional (CC). Su finalidad es aliviar a deudores de créditos educativos, en proceso de coactiva y, por consiguiente, con problemas sociales, económicos y hasta psicológicos.
Nos referimos a miles de jóvenes cuya única opción para formarse profesionalmente era acceder a créditos educativos.
Según informan los medios de comunicación, hasta mayo pasado las deudas vencidas y sometidas a juicios coactivos sumaron más de USD 69.450 millones.
Más del 60 % (3.922 personas) carece de convenios de pago. Pueden embargarse sus bienes o cuentas. Si optarían por suscribir un convenio de crédito necesitarían presentar garantías hipotecarias, algo imposible dada la penuria económica.
Otras 15 mil, en un futuro cercano podrían ser parte de ese “ejército de desesperados” si no cumplen con sus obligaciones crediticias.
De aprobarse la propuesta del Gobierno ellos se beneficiarán con “la remisión, condonación, ampliación de plazos, condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pago”.
También se eliminará el “100 % de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas por obligaciones de pago para todos los procesos educativos”.
Los desempleados tendrán seis meses para pagar sus deudas. Se condonará total o parcialmente a quienes tienen un grado de discapacidad, enfermedades raras o catastróficas.
Ojalá la CC no se desentienda de la realidad social y económica de miles de profesionales endeudados y apruebe el decreto ley.
Los beneficiarios, con el alivio financiero podrán reenfocar sus proyectos de vida, si bien el Estado hará mejor con fomentar plazas de trabajo, sobre todo impulsando al sector privado, promoviendo inversiones.
