Mientras el caso Gabela vuelve a los titulares en un deplorable espectáculo político, las familias de los desaparecidos en el caso del equipo periodístico de Diario El Comercio se ven obligadas a resignarse y esperar cinco años más. Esto se debe a que el Consejo de Seguridad Pública (COSEPE) ha impedido la desclasificación de la información, manteniéndola en secreto.
Ambos procesos, sin lugar a dudas, demandan justicia y verdad. No obstante, las víctimas han tenido que recurrir a la presión política y mediática en busca de respuestas ante tanto sufrimiento, tras varios años de incertidumbre.
En el afán de buscar información, es inevitable encontrarse con el oportunismo político y mediático que empaña una causa digna y justa. La agenda intencionada, la configuración de una comisión, las irregularidades en los resultados, la expectativa mediática, los titulares con un determinado encuadre, son detalles que le restan credibilidad y confianza al resultado.
En el caso Gabela, la viuda del fallecido, Patricia Ochoa, recibe un resultado que, según sus propias palabras, no aporta nada nuevo. La información se ha utilizado como instrumento político, careciendo aún valor jurídico. En este país la justicia todavía la impone un juez, no un titular. Es imperativo que la cobertura periodística se realice con el debido cuidado por la presunción de inocencia y el debido proceso que todo ciudadano merece. Asimismo, que el contenido entregado a la familia también sea evaluado en Fiscalía en donde deberán incorporarle la pertinente sustentación jurídica, para que pueda ser admitido en un proceso digno y justo.
Cuando existe un interés político-electoral, las agendas tienen un calendario diferente. Este no es el caso del equipo periodístico desaparecido en Mataje. Hace pocos días la información relacionada con su fallecimiento ha sido deliberadamente clasificada. No hay político que patrocine, ni gobierno que canalice el proceso. Quién sabe, cuando esto sea expuesto, nos enfrentaremos a otro espectáculo mediático devenido en triunfo político, lo cual restará credibilidad a la información y negará, una vez más, el derecho a la justicia y la verdad. (O)
