En el Ecuador, el crimen organizado se “institucionaliza” y, como tal, arrincona al Estado, el único garante de proteger a sus ciudadanos.
Eso demostraría el ataque a bala y granada a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, ocurrido en Quito este último fin de semana.
A la hora del atentado, en esas instalaciones donde se administra justicia, cinco detenidos eran procesados por tenencia y porte ilegal de armas de fuego.
Se produjo, entonces, el alevoso ataque; según se presume, con la finalidad de asesinar a los detenidos.
De consolidarse tal hipótesis – casi no hay espacio para dudar – se confirmará el poder criminal de la delincuencia organizada. Ni siquiera le importan los “efectos colaterales” de su demencia, esto es, la muerte de inocentes, en el caso citado, de fiscales, jueces, policías, secretarios, guardias de seguridad, o de quienes transitaban por la calle, o del vecindario de la Unidad atacada.
Esta acción sangrienta es ya una constante dentro de la ola delictiva cuyas acciones siembran miedo y pánico, pese al trabajo de la Policía y aun del Ejército.
Han perdido la vida decenas de personas ajenas al sitio escogido para asesinar, entre ellos, niños. Otros resultan heridos.
En el hecho, motivo de este comentario, se hirió a una adolescente de 14 años de edad. Por ventaja, si así vale considerar, no detonó la granada. Los autores fueron detenidos por la Policía, cuya formulación de cargos se practicó en el mismo lugar atacado.
Las luchas encarnizadas entre bandas delictivas son comunes y corrientes. En ese reguero de sangre, la vida humana, en este caso la de los delincuentes de toda laya, hasta parece ya no importarle al resto de la sociedad, hastiada, encolerizada y traumatizada por la inseguridad, una visión preocupante pero socialmente inaceptable.
No se avizora un horizonte de paz, si bien para el ministro del Interior, Juan Zapata, la ola criminal estaría “en su pico más alto”, tras lo cual comenzaría a descender. ¿Será de creerlo?
