El IESS se encuentra en terapia intensiva.
Recordemos que el derecho a la seguridad social es un principio fundamental para una sociedad que pretende honrar la justicia. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que la seguridad social es un derecho de todos.
En nuestro país luego de los procesos estructurales de su organización, el 14 de julio de 1942 se promulga la Ley de Seguro Social Obligatorio con el aporte estatal del 40 % para la jubilación, en este contexto solamente a un desquiciado ético se le pudo ocurrir en el año 2015 suprimir esta compensación de manera arbitraria, y como lo hizo en la Función Judicial, metió sus manos en el IESS. Tal abuso y absurda decisión fue derogada por la sentencia de la Corte Constitucional en el 2018.
La propuesta de la Comisión designada para elaborar un plan de reestructuración del IESS, pone énfasis en el aumento de los años de aporte y el porcentaje que los afiliados deben sufragar, lo que es necesario desde ahora para el largo plazo, pero lo inmediato radica en eliminar la corrupción administrativa, el abuso de los gobiernos causantes de su burocratización y desfinanciamiento al tomarse reiteradamente sus recursos patrimoniales a cambio de papeles sin valor.
Debemos precisar que la deuda histórica del Estado al IESS sobrepasa los quine mil millones de dólares. Por tanto, si se paga lo adeudado, el IESS estará con la necesaria capacidad financiera para atender con eficacia sus prestaciones de Jubilación y Salud, siendo imprescindible potenciar los hospitales, adquirir medicamentos y regular la sobresaturación de atenciones. Ante todo, se debe respetar el derecho patrimonial de los 3,7 millones de afiliados y 500 mil jubilados, más la cuenta del montepío. Lo demás es una burla a la confianza ciudadana y a la buena fe de los legítimos dueños del IESS. (O)
