¿Vale un acuerdo para la seguridad sin recursos económicos de por medio?
Uno así ha firmado el ministro de Defensa, Luis Lara, a nombre del Ecuador; y Daniel Erikson, subsecretario de Defensa Adjunto de EE.UU.
No se trataría de un acuerdo propiamente dicho, sino de un Memorando de Entendimiento en materia de Seguridad, vigente hasta 2030.
Incluye el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación, y adquisición de recursos.
El Gobierno, en 2022 difundió su plan antidrogas denominado Estrategia Integral por la Seguridad y la Paz.
Lo elaboró considerando la arremetida del narcotráfico, cuyos carteles internacionales, en compadrazgo con los locales, convirtieron a la Costa en lugar de acopio y exportación de droga venida desde Colombia. Fue presentado a Laura Richardson, comandante general del Comando Sur del Ejército de EE.UU.
EE.UU. y la Unión Europea, según el Ecuador, deben “compartir los gastos” (USD 5 mil millones) para ejecutar ese plan, al ser los principales mercados de consumo de la droga.
Ningún país por sí sólo puede emprender semejante tarea ante un enemigo común, con poder económico, capaz de introducirse hasta en las esferas del poder, en la política, en la justicia; en suma, de atentar contra la seguridad de los Estados.
Los países consumidores, cuyas economías son mucho más desarrolladas, excepto varias acciones, no asumen la responsabilidad total, si bien algunos planes y estrategias no rindieron los frutos esperados, como ocurrió en Colombia y ahora en México.
En el Ecuador, contrario a la década anterior, en estos últimos dos años la Policía incautó miles de toneladas de droga cuyo destino era EE.UU. o Europa. Pero no ha recibido mayor reciprocidad en materia de apoyo internacional.
Resta saber si el próximo Gobierno continuará o no con aquel acuerdo, lleno de buenas intenciones, cierto apoyo, pero sin recursos.
