Ana María Hernández «Una reforma integral en seguridad»

Ana María Hernández, de 26 años, Licenciada en Educación y estudiante de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), lidera la lista de la alianza denominada Claro que se Puede.

Ana María Hernández, de 26 años, Licenciada en Educación y estudiante de Derecho.
Ana María Hernández, de 26 años, Licenciada en Educación y estudiante de Derecho.

Desde hoy Diario El Mercurio inicia un seriado con entrevistas a quienes encabezan cada una de las 11 listas de candidatos a la Asamblea Nacional por Azuay, para las elecciones del 20 de agosto de 2023.

Ana María Hernández, de 26 años, Licenciada en Educación y estudiante de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), lidera la lista de la alianza denominada Claro que se Puede.

Esta coalición política está integrada por el movimiento Unidad Popular (Lista 2), Partido Socialista Ecuatoriano (Lista 17) y el movimiento Democracia Sí (Lista 20).

En seguridad

Propone una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

En este último planea hacer cambios para que los policías municipales o guardias ciudadanos no solo hagan actividades complementarias en seguridad, sino que actúen directamente en el combate a la inseguridad.

Es decir, que tengan mayor capacitación y formación, pero además que dispongan de equipamiento adecuado para enfrentar a la delincuencia de manera efectiva.

Para Hernández la inseguridad tiene una causa estructural relacionada al no acceso a la educación y a la falta de empleo, por lo que considera urgente hacer gestión en estas áreas.

En este sentido ofrece plantear una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para garantizar el libre ingreso a las universidades.

“En el tema de empleo existe ya una ley de juventudes, y uno de los principales compromisos desde la Asamblea Nacional es llegar a fiscal en qué medida se está cumpliendo esta ley…”, manifiesta.

Descentralización

“Hay un centralismo agobiante y nosotros nos damos cuenta de este centralismo en la vialidad, somos la tercera provincia que aporta al erario nacional y estamos recibiendo prácticamente nada…”, indica.

Ante esto Hernández plantea revisar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para garantizar su cumpliendo y hacer reformas por ejemplo a las competencias en vialidad.

“También tenemos la Ley 047 para que los gobiernos seccionales puedan recibir los recursos que les corresponden porque están en la zona de influencia de las centrales hidroeléctricas…”, acota.

“En la última reforma que se hizo a esta ley se plantea un 40% para juntas parroquiales y un 60% para municipios, y vamos a revisar si es necesario una reforma para que les toque un 50 y 50”, añade.

Seguridad social

Hernández está en contra de la propuesta del Gobierno Nacional de aumentar el número de años y aportes para la jubilación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Es nuestro compromiso trabajar para que se respeten los derechos de este grupo de trabajadores, el Estado tiene una deuda de 24.500 millones de dólares con el IESS…”, afirma.

Ella plantea reformas a la seguridad social para fiscalizar el destino de los recursos del IESS y las asignaciones que van para salud y pensiones, y asegurar que sea lo necesario.

Para Hernández es necesario asimismo hacer cambios para que el presidente del Directorio del IESS no sea puesto por el Gobierno Nacional sino por los afiliados con una garantiza de transparencia.

Reformas constitucionales

Hernández cree que es necesario hacer reformas a la Constitución del Ecuador para retirarle la competencia de selección de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de que es una función del Estado no ofrece garantías de credibilidad en transparencia de los procesos electorales…”, insiste.

Por eso esta candidata considera que entre las reformas a la Carta Magna está revisar las funciones que tiene el organismo electoral para procurar que dé garantías para los proceso de elección.