El Estado trata de ser doblegado por el crimen organizado. No queda la menor duda.
En estos dos últimos años su arremetida es feroz, sanguinaria, brutal. El Gobierno ha tratado de frenarlo con constantes declaratorias del estado de excepción.
En esos casos, actúan en consonancia la Policía y el Ejército, siempre bajo los parámetros establecidos por la ley y en los decretos.
Son efectivos en cuanto duran. Concluidos los plazos, la situación vuelve a lo mismo.
No de otra manera puede entenderse los nuevos motines en las cárceles. Ahora hasta con huelgas de hambre, y la retención de 96 agentes penitenciarios.
Este domingo, en la Penitenciaría de Guayaquil fueron asesinados seis reclusos, sin contar con los heridos.
Desde 2022 han sido asesinados más de 450 internos de manera brutal.
Para las autoridades, las diversas bandas criminales mantienen una lucha tenaz entre sí por tener el control de las cárceles, paradójicamente llamados “centros de rehabilitación social”, donde se hacinan 31.321 presos, la mayoría entre 18 y 44 años de edad.
Ahora el Gobierno vuelve a declarar, por 60 días, el estado de excepción; pues “el nivel de violencia en las cárceles ha superado las capacidades operativas del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria”.
Esa declaratoria surgió tan pronto decretar otra por la grave conmoción interna en Durán, Manabí y Los Ríos, tras el asesinato del alcalde de Manta.
Según la Policía, muchos asesinatos, extorsiones, se ejecutan por “orden” de las bandas criminales cuyos cabecillas cumplen condenas, pero se mantienen vigilantes de sus “territorios” y quieren controlar las cárceles a sangre y fuego.
Si pese a los estados de excepción y a las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden continúa semejante situación – su ola alcanza a todo el país-, no se vislumbra la recuperación de la paz social, primando, más bien, la sensación de un Estado superpuesto por el mal.
