La detención de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, concita la preocupación internacional.
Habría recibido dinero del narcotráfico para financiar la campaña electoral de su padre, si bien nunca sirvió para tan aberrante objetivo, sino para sus “lujos personales”.
Denunciado por su exesposa, también detenida, los dos afrontan las investigaciones de la Fiscalía colombiana cuyos primeros coletazos llegan al Ecuador.
Nuestro país se encuentra en plena campaña electoral para elegir al nuevo presidente de la república y asambleístas.
Desde hacía varios años se habla de posibles financiamientos ilícitos a quienes intervienen en la lid política, en especial del narcotráfico; y por ello se acuñaron frases como “narcocampañas” y “narcopolítica”.
Tomando las palabras de un reconocido ufólogo, ninguna autoridad no lo ha creído, no lo ha negado, pero, contrario al propósito de aquél, no lo ha investigado, siendo su deber.
Nadie en el país duda de la intromisión del narcotráfico en todos los ámbitos, incluyendo el político, si bien alguna investigación quedó en el aire.
Con insistencia se ha pedido aquel control al Consejo Nacional Electoral, pero lo ha evadido esgrimiendo varios argumentos.
No es “hilar fino”, peor levantar suspicacias, pero el narcotráfico es una realidad. El país es víctima de sus acciones criminales, sin descartar, para nada, su penetración en algunos políticos cuyo poder e influencia les valen, luego.
Ahora mismo, según la prensa colombiana, en el Ecuador la candidata a asambleísta por cierto movimiento sería parte del entramado del hijo del presidente Petro, con el fin de ayudar a mover parte del dinero sucio entregado a él.
De oficio, ya debería actuar la Fiscalía. La sola denuncia, más allá del desenlace, mancha el proceso electoral.
