El presidente Guillermo Lasso pronto cumplirá tres meses de gobernar sin el contrapeso de la Asamblea Nacional tras aplicar la muerte cruzada, un novelesco mecanismo constitucional, único en Latinoamérica.
Políticamente puede tomarse como un alivio para el gobernante; igual para el pueblo, dada la pobre aceptación del Legislativo cuya falta casi no se siente.
Eso no implicaba querer gobernar sólo; pues, en materia económica urgente, sus propuestas de decreto-ley deben pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional (CC).
Y es allí donde se ha topado con otro dique, infranqueable, pues no tiene capacidad de maniobra, sino aceptar las resoluciones de la CC, la mayoría tomadas por votación dividida.
La Corte es criticada por “analizar” la urgencia económica sin tener competencia para ello, convirtiéndose, más bien, como lo sostiene Lasso, en un posible actor político.
Los números son claros. El 75 % de los proyectos de decreto ley remitido por el Ejecutivo ha sido negado, los más, precisamente, por no considerarlos como de urgencia económica.
Apenas superó el filtro constitucional la reforma tributaria. Han quedado al margen propuestas como la de creación de zonas francas, la de aliviar deudas a quienes accedieron a créditos educativos.
Recientemente suspendió, de manera provisional, el reglamento para las consultas ambientales, un requisito previo a la explotación minera.
También hizo observaciones al Acuerdo de Asociación Comercial entre el Ecuador y Costa Rica, decisión cuestionada por el Gobierno y los sectores productivos.
Así las cosas, este periodo de transición parece ser tiempo perdido, excepto alguna salvedad; de sólo esperar para conocer al nuevo gobernante, a la nueva Asamblea, y avizorar cómo se acomodarán las fuerzas políticas en el legislativo y su relación con el Ejecutivo.
Si no fuera por la campaña electoral y las balas de la delincuencia criminal, el Ecuador sería víctima de un sopor total. Vaya paradoja.