Esta es la décima entrega del seriado con entrevistas a quienes lideran cada una de las 11 listas de candidatos a la Asamblea Nacional por Azuay para las elecciones de este 20 de agosto.
Sofía Sánchez, abogada y deportista, encabeza la lista del movimiento Construye (Lista 25), que auspicia a Fernando Villavicencio como postulante a la Presidencia del Ecuador.
En 2021 Sánchez fue electa legisladora por esta provincia. Llegó al poder con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) (Lista 18), pero luego tomó distancia de esta organización política.
Seguridad
“La seguridad es un eje transversal, hoy estamos gobernados por las mafias, por las bandas delincuenciales, quienes han ido poco a poco teniendo mayor terreno a nivel del país y sector público (…)”, señala.
Añade: “tuvimos un asambleísta que representaba a los Latin Kings, entonces desde allí podemos hablar de un antes y un después, hablamos de Lobos, de Águilas, de Choneros…”.
Para Sánchez estas organizaciones han convertido las cárceles del país en sus centros de operaciones y desde allí manejan redes de extorsionados y tienen gran capacidad de adquisición de armas.
A decir de Sánchez es urgente retomar el control de puertos y aeropuertos, algunos de los que están concesionados, puesto que por estos ingresa y sale la droga.
Esta exasambleísta plantea reforzar la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), para dar seguimiento a los patrimonios de administradores de justicia, políticos y uniformados.
También plantea hacer una exhaustiva fiscalización al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Para Sánchez el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, en Cuenca, debe ser regional, y esta es una decisión política de quien llegue a la presidencia del país.
“Los presos de máxima seguridad deberán estar en una cárcel de máxima seguridad, que será en el Oriente, en la Amazonía. Además, se va a crear una unidad especial antimafia en la Policía Nacional…”, refiere.
Descentralización
Sánchez ofrece apoyar una propuesta denominada Poder Local, que permitirá la redistribución de lo que tributa cada provincia, para que se quede de manera equitativa en cada territorio.
“Azuay tributó 883 millones de dólares en 2022, lo que ha regresado de dinero es 180 millones de dólares. Solo para solucionar los problemas viales de la provincia necesitamos 500 millones…”, dice.
Indica que este plan consiste en una fórmula que permite que estos recursos ya no vayan a una caja única, sino que se redistribuyan de acuerdo a los proyectos que presenten los gobiernos seccionales.
Recuerda que en su gestión como asambleísta fue ponente de la Ley 047, que permitió que un porcentaje de las ganancias por las hidroeléctricas vaya para las juntas parroquiales. Antes solo eran para municipios y prefecturas.
“En algunos casos estos recursos son el doble del presupuesto anual que tienen las juntas y esto es para remediación ambiental, para obras, y de esa forma se descentraliza…”, puntualiza.
Como legisladora presentó un proyecto de ley para la desconcentración de trámites y del poder de decisión, que actualmente está en los ministerios y otras instituciones estatales, en Quito.
Seguridad social
No está a favor de la reforma que plantea el Ejecutivo para incrementar los años de aportes de 30 a 35 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la jubilación.
Ella considera que es urgente combatir las mafias que manejan la compra de medicinas e insumos para la seguridad social, y además transparentar los servicios de los prestados externos, como las clínicas privadas.
“Por ejemplo una consulta valorada en 10 dólares en el seguro social, el prestador externo o la clínica privada le está valorando en 40, por eso el dinero no va a alcanzar…”, agrega.
Reformas constitucionales
Ella considera que es necesaria una reforma a la Constitución del Ecuador para que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) salgan a las calles para enfrentar la inseguridad.
Para Sánchez asimismo se debe hacer un cambio en la carta magna para restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por ejemplo, la capacidad de seleccionar a las autoridades de control.
También cree en una reforma para mejorar el parlamento, con el fin de garantizar que quienes lleguen a este poder del Estado sean personas honestas y preparadas.
