La justicia de Perú puso como fecha para el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) el próximo 11 de septiembre, cinco meses después de su extradición de Estados Unidos, y donde responderá por las acusaciones de haber recibido 34 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado, presidido por la jueza Zaida Pérez, estará a cargo del juicio contra Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos, cargos por los que la fiscalía solicita 20 años y seis meses de cárcel contra el exmandatario y fundador del extinto partido Perú Posible.
Junto al exgobernante, de 77 años, serán procesados por los mismos delitos Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, sobre quienes pesa el mismo pedido de cárcel de la fiscalía.
También son acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco–Font, Avraham Dan On, y Gonzalo Ferraro Rey que se enfrentan a penas entre los 9 y 11 años de cárcel.
Hace unos días, Toledo recibió la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada su solicitud de suspensión de la prisión preventiva que cumple en el penal de Barbadillo y la impuesta a su esposa Eliane Karp, que actualmente se encuentra en Israel, mientras son investigados por lavado de activos en agravio del Estado.
Toledo fue extraditado desde EEUU en abril pasado para ser procesado en Lima por presuntamente haber recibido 34 millones de dólares (unos 31,7 millones de euros) en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle varios tramos en la construcción de la carretera Interoceánica sur, además de otro caso de compras inmobiliarias a través de la empresa Ecoteva.
En mayo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inadecuada la excepción de improcedencia de acción solicitada por el abogado de Toledo, Roberto Su, para excluirlo del delito de colusión.
El magistrado declaró, además, que «la conducta atribuida a Alejandro Toledo tendría relevancia penal en este caso», en el que también es procesado por lavado de activos.
Concepción señaló en su resolución que, según la acusación del Ministerio Público, el exmandatario había intervenido en un «pacto colusorio» con Odebrecht y que «habría infringido uno de sus deberes, resguardar los intereses del Estado, al concertarse con el interesado».
A mediados de mayo, la Fiscalía peruana también dio inicio al requerimiento de extradición activa y detención preventiva de Karp con el envío del oficio por parte del jefe del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, a la presidenta de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, Araceli Baca Cabrera.
Karp, quien residía en EEUU junto a su esposo, se trasladó en mayo a Israel y cuenta con la solicitud de arresto enviada a Israel y la actualización de las órdenes de captura nacional e internacional por el mencionado presunto delito.
En 2013 y a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Karp y suegra de Toledo, Eva Fernerburg, y a través de la empresa Ecoteva, el Ministerio Público investigó a la familia por un presunto delito de lavado de activos.
El Ministerio Público considera que parte del dinero recibido de Odebrecht fue presuntamente transferido a la empresa Ecoteva, que Fernenburg creó en Costa Rica en sociedad con colaboradores de Toledo. EFE
