En Azuay hay 55 candidatos para la Asamblea Nacional, que hoy compiten por hacerse de cinco curules. Estarán en el poder hasta mayo de 2025. Ellos representan a cuatro movimientos políticos, un partido y cinco alianzas.
Para escogerlos en esta ocasión los electores deben votar por listas, es decir, tienen que hacer una sola raya en el casillero que está al inicio de cada lista. De no hacerlo así el voto queda anulado o en blanco.
Para especialistas en leyes, economía y salud, el nuevo legislativo, integrado por 137 asambleístas provinciales, nacionales y del exterior, tiene que priorizar su trabajo, pues solo tendrá 18 meses de gestión.
“Es un tiempo muy corto, muy limitado y con seguridad será una asamblea bastante dispersa por el método (Webster) que se aplicará para la distribución de escaños…”, refirió Patricio Moscoso, abogado y consultor en procedimiento legislativo.
Moscoso detalló que un proyecto de ley para ser aprobado tiene que pasar primeramente por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego por dos debates. En algunos casos también por comisiones especializadas.
Después va al pleno para su aprobación y de allí continúa al Ejecutivo, que puede declarar una objeción parcial o total, y finalmente se convierte en un texto definitivo, que entra en vigencia al ser publicado en el Registro Oficial.
Indicó que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), solo el CAL tiene 60 días para calificar las iniciativas legales, mientras que las comisiones especializadas tienen otros 90 días, y para pasar a primer debate otros 60 días.
Igualmente, otros 90 días para la elaboración del informe para segundo debate y de allí el Presidente de la Asamblea Nacional tiene un periodo máximo de seis meses para poner la propuesta legislativa en discusión del pleno.
“En teoría todo esto, para aprobar una ley, puede tomar ese año y medio que tienen los nuevos legisladores, por eso es necesario que seamos realistas y no caer en demagogia ni ofrecimientos falsos…”, insistió.
Seguridad
Para Lorena Toledo, abogada y exintegrante del Colectivo Voto Responsable, en Azuay, “la asamblea tiene que enfocarse en la seguridad con urgencia y sin esperar ni un segundo, porque el país se está hundiendo”.
Ella cree que se deben hacer reformas legislativas urgentes en este ámbito, de manera especial al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
“No se trata de endurecer las penas porque eso no funciona, eso se llama populismo penal, pero sí es necesario corregir algunas cosas para impedir que los delincuentes salgan tan fácilmente de las cárceles…”, detalló.
“También se necesita reformar el Coescop para darles mayor apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad, para que sus agentes sientan la protección y el respaldo del Estado para actuar en el marco de respecto a los derechos…”, manifestó.
Para ella igualmente el Legislativo tiene que tramitar cambios en estas normas para darles la posibilidad a los gobiernos seccionales que puedan apoyar en las tareas de control de la inseguridad al gobierno central.
“He visto propuestas de candidatos a asambleístas que ofrecen reformar la Constitución del Ecuador para hacer que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) salgan a las calles, pero eso es poco factible en el poco tiempo que se tiene…”, mencionó.
Economía
Para Rubén Salamea, economista, el nuevo Legislativo tiene que concentrarse además en apoyar al Ejecutivo a darle estabilidad económica al país y apoyar las iniciativas que busquen este fin.
“Dicen que en la macroeconomía estamos estables, pero eso puede ser hasta subjetivo, lo que sí es una realidad es que no hay empleo y el dinero que se gana no alcanza y cada vez sube el índice de pobreza en el país…”, refirió.
“Necesitamos que trabajen juntos Legislativo y Ejecutivo para estabilizar a este país para poder atraer a los inversores y que la gente de aquí mismo se anime a invertir para reactivar la economía…”, insistió.
Para Salamea igualmente es necesario respaldar a los inversiones y empresarios para que mantengan y generen fuentes de trabajo, por medio de incentivos, que en algunos casos pueden ser tributarios.
A criterio de este especialista, de igual forma es prioritario legislar para proteger a la seguridad social, porque “está camino hacia el despeñadero por la mala administración y la corrupción”.
Propuso que se hagan reformas a la Ley de Seguridad Social para impedir que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sean usados por el Gobierno Nacional y por mafias de proveedores.
Salud
Para Patricia Bazantes, médico, especialista en medicina preventiva, es urgente que el Legislativo establezca obligaciones respecto a las políticas de salud para la provisión de medicamentos e insumos.
“Se van millones de dólares en negociados de medicinas y los hospitales y subcentros cada vez tienen menos personal de salud y menos médicos especialistas, y la gente es que la sufre estas ineficiencias…”, aseveró.
A decir de esta profesional de la salud, asimismo el Estado tiene que promover la prevención en salud para prevenir grandes gastos en tratamientos de enfermedades que pueden ser evitadas.
